Tegucigalpa, Honduras. – El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) ha provocado un fuerte debate político al solicitar formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) un acceso sin precedentes a la infraestructura tecnológica del sistema electoral, cuando faltan menos de dos meses para los comicios generales del 30 de noviembre.
Amparándose en el artículo 278 de la Ley Electoral, Libre demanda que las actas digitalizadas desde las Juntas Receptoras de Votos sean enviadas simultáneamente tanto al CNE como a todos los partidos políticos y candidatos independientes, argumentando que esta medida es esencial para eliminar intermediarios y demoras que pudieran generar desconfianza en los resultados.
La petición va más allá de la simple transmisión de datos, incluyendo también solicitudes para tener presencia técnica en el Centro de Operaciones de Red (NOC), acceso en tiempo real a los registros de transmisión y la publicación anticipada de las especificaciones técnicas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Durante un debate en el programa televisivo «Frente a Frente», el analista Luis León minimizó el riesgo de manipulación que podría justificar estas medidas. «Tecnológicamente hay que tener demasiada capacidad para hacer un cambio en un acta en tres segundos», afirmó, refiriéndose al desfase registrado en las elecciones primarias de 2025 entre el envío de actas al CNE y a los servidores externos.
Sin embargo, el analista Julio Larios interpretó que la esencia de la solicitud de Libre es garantizar que las actas no lleguen primero al CNE antes de ser distribuidas a los demás contendientes, insistiendo en que la transmisión debe ser «estrictamente simultánea».
Una tercera perspectiva fue aportada por Héctor Soto, quien matizó que la petición del partido gobernante simplemente busca el cumplimiento estricto de la ley, la cual según su interpretación «ordena la digitalización y transmisión simultánea de los resultados».
Mientras el CNE evalúa la viabilidad técnica y política de estas demandas, el debate público se intensifica en torno a una pregunta fundamental: ¿dónde termina la legítima búsqueda de transparencia electoral y dónde comienza el riesgo de un control indebido sobre el proceso? La respuesta a esta interrogante podría definir la confianza ciudadana en los resultados de las próximas elecciones.
