Tegucigalpa, Honduras. – El abogado Hernán Silva, en representación del partido Libertad y Refundación (Libre), presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se respete el decreto 058-2025 aprobado por Luis Redondo y la bancada de Libre el pasado 8 de enero, que desconoce la declaratoria de elecciones y ordena el «voto por voto».
La paradoja del recurso es evidente: mientras Libre pide a la Sala Constitucional que defienda un decreto invocando su inconstitucionalidad, ese mismo decreto ya enfrenta seis recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por exfuncionarios del CNE y diputados electos que lo califican como un «atentado» contra la institucionalidad electoral.
El profesional del derecho emplazó a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie sobre el recurso presentado por el Partido Libre en las últimas horas, argumentando que el decreto 058-2025 es una «ley de la República» y debe respetarse.
«Cuál es la razón para que los constitucionalistas no hagan cumplir la ley», cuestionó Silva, ignorando que el propio decreto carece de legitimidad al no haber sido aprobado con el quórum legal necesario, según han denunciado diversos sectores jurídicos y políticos.
Redondo y diputados de Libre aprobaron el 8 de enero el decreto 058-2025 que desconoce la declaratoria de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que ordena el conteo voto por voto de las 19 mil 167 urnas, una medida que técnicamente resultaría en un reconteo total de las elecciones.
El codirector electoral del CNE, Eduardo Fuentes, ya había catalogado este decreto como un «adefesio jurídico» que carece de sustentación firme, señalando que fue aprobado irregularmente «con más diputados suplentes que diputados propietarios», sin alcanzar ni la mayoría simple ni la calificada requerida.
La Sala Constitucional ya admitió a trámite seis de los siete recursos presentados contra el decreto 058-2025, aunque sin suspender su ejecución, lo que significa que técnicamente continúa vigente mientras la Corte resuelve el fondo de los casos.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, había aclarado este martes a Redondo que el ente electoral es un «órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún Poder del Estado» y que la declaratoria oficial de elecciones «ya fue emitida en estricto cumplimiento del orden constitucional y legal», agotando así la competencia administrativa del Consejo.
El recurso presentado por Silva en representación de Libre se suma a los múltiples intentos del oficialismo por desconocer los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, proceso en el cual el partido gobernante sufrió una debacle electoral quedando como la tercera fuerza política del país.
La estrategia legal de Libre de presentar un recurso de «inconstitucionalidad» para defender un decreto que ya está siendo impugnado por inconstitucional genera cuestionamientos sobre la coherencia jurídica de la argumentación, especialmente cuando el mismo fue aprobado mediante un proceso legislativo irregular.
La magistrada Isbela Bustillo ya había advertido que solo la CSJ es el intérprete de la Constitución y que «ninguna persona puede apoderarse de un espacio jurídico que no le corresponde», en clara referencia a los intentos del Congreso Nacional de adjudicarse funciones que constitucionalmente no le corresponden.
El decreto 058-2025 también fue criticado por ignorar el «alineamiento logístico» necesario para un escrutinio de tal magnitud, según denunció el codirector del CNE, quien señaló que «no está previsto en la ley, no está previsto en la Constitución, no está previsto en ningún marco legal«.
La presentación del recurso por parte de Libre se produce en las últimas horas de la gestión de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, quien deja el cargo a la media noche de este martes tras una administración considerada por diversos sectores como el «peor Congreso de la historia».
La Sala Constitucional deberá ahora resolver múltiples recursos contradictorios: seis que buscan anular el decreto 058-2025 por inconstitucional, y uno presentado por Libre que exige su cumplimiento invocando también la inconstitucionalidad, en una maraña jurídica que refleja la crisis institucional que vive el país.
