Tegucigalpa – El presidente del Consejo Empresarial de América Latina capítulo Honduras (Ceal-Honduras), Luis Napoleón Larach, respaldó este martes las exigencias de la presidenta Xiomara Castro al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por el escándalo de fondos de Sedesol, pero advirtió que este tipo de casos alejan las posibilidades de que Honduras logre atraer una comisión internacional anticorrupción.
Larach aplaudió la presión presidencial sobre los entes contralores, señalando que “todo el pueblo aplaudirá las acciones” si logran “llegar hasta las últimas instancias en el escándalo de cheques de Sedesol”, mientras caracterizó la situación como una oportunidad para demostrar aplicación equitativa de la justicia.
“Es una forma de demostrar que no sólo se persigue a la oposición, sino que se aplica la ley en una forma pareja”, declaró el líder empresarial, haciendo referencia a las investigaciones que han afectado principalmente a figuras del Partido Nacional durante la actual administración.
Sin embargo, Larach utilizó el escándalo para criticar al gobierno oficialista, argumentando que los funcionarios de LIBRE han demostrado que “era envidia lo que le tenían a las cuestionadas administraciones del Partido Nacional”, sugiriendo que las críticas históricas del partido oficialista hacia gobiernos anteriores por corrupción carecían de fundamento moral.
El empresario expresó pesimismo sobre las aspiraciones ciudadanas de establecer una comisión internacional anticorrupción en Honduras. “Todos quisiéramos que viniera un organismo para que nos acompañe para poder aplicar correctamente la justicia y que no sólo se aplique a los que están en la llanura”, declaró, sugiriendo que casos como el de Sedesol deterioran la credibilidad necesaria para atraer organismos internacionales.
Esta observación cobra relevancia especial considerando que la administración Castro ha mostrado resistencia a instalar CICIH, y el escándalo actual podría fortalecer argumentos de quienes cuestionan la voluntad gubernamental para combatir la corrupción desde sus propias filas.
Larach criticó la politización del sistema de justicia que impide investigaciones efectivas. “Cuestionó la manipulación que ha existido en el Ministerio Público en los últimos años, tanto en la actual gestión como en la anterior”, señalando problemas sistémicos que trascienden administraciones específicas.
“Cuando una institución está politizada no puede existir justicia verdadera”, reflexionó el líder empresarial, identificando un problema estructural que afecta la credibilidad de las investigaciones independientemente del gobierno en turno.
Larach expresó frustración por el patrón histórico de impunidad en casos de corrupción: “Si aplicamos la ley, no debemos tener temor para encontrar a los responsables, el problema es que siempre se encuentran, se sabe, a simple vista lo podemos ver sin ser investigador que hubo manipulación o mal uso de los recursos del Estado, pero al final nunca salen los culpables”.
“Mientras no haya responsables va a seguir esa fiesta”, concluyó Larach, utilizando terminología que caracteriza la corrupción como celebración impune que se perpetúa por la ausencia de consecuencias reales para los involucrados.
El escándalo que motivó estas declaraciones surgió tras la filtración de un audio donde la diputada Isis Cuéllar detalla al ministro José Carlos Cardona la distribución de aproximadamente 2.8 millones de lempiras para equipar “23 coordinaciones del Partido” con kits valorados en 125 mil lempiras cada uno, incluyendo equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas, tazas y material promocional.
En la conversación, Cardona responde con complicidad evidente, mencionando conflictos internos y refiriéndose despectivamente a críticos como “candidata estúpida”, mientras que posteriormente ha intentado restar importancia al escándalo arguyendo que los fondos se destinaron a “emprendimientos”.
Las declaraciones de Larach reflejan la posición del sector empresarial, que tradicionalmente ha demandado mayor transparencia gubernamental pero ahora enfrenta el dilema de evaluar un caso de corrupción que involucra a un gobierno que había prometido diferenciarse de administraciones anteriores mediante prácticas más transparentes y éticas en el manejo de recursos públicos.
