Tegucigalpa – En un giro dramático que evidencia las tensiones dentro del poder legislativo hondureño, la diputada Ligia Ramos ha dimitido de su cargo en la Comisión de Energía, argumentando graves irregularidades en el proceso de aprobación de 18 adendas durante una controvertida sesión celebrada en la madrugada del miércoles.
La votación, que se saldó con 56 votos a favor, 17 en contra y 19 abstenciones, ha levantado serias dudas sobre la transparencia del procedimiento legislativo.
La parlamentaria, quien no pudo asistir a la sesión por motivos familiares, expresó su indignación durante una conferencia de prensa donde estuvo respaldada por sus compañeros de la bancada del PSH, incluyendo a destacadas figuras como Fátima Mena, Carlos Umaña y José Manuel Matheu. «Mi prestigio y credibilidad están en juego», manifestó Ramos, rechazando categóricamente lo que considera una instrumentalización del trabajo legislativo.
El episodio ha puesto de manifiesto una aparente ruptura en los procedimientos parlamentarios acordados. Según reveló Ramos, el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, se había comprometido previamente a que cada adenda sería discutida de manera individual, un compromiso que fue desestimado por decisión del presidente del Legislativo, Luis Redondo.
La controversial sesión no solo sirvió para aprobar las cuestionadas adendas, sino que también dio luz verde al Presupuesto General de la República para 2025, en un contexto marcado por lo que Ramos describió como una misteriosa «desaparición» de parlamentarios de oposición.
En su declaración pública, la ahora ex integrante de la Comisión de Energía pidió disculpas al pueblo hondureño, reafirmando su compromiso con la transparencia y enfatizando que su renuncia responde a la necesidad de preservar su integridad ética y profesional ante lo que considera prácticas irregulares en el proceso legislativo.
Esta crisis institucional pone de relieve las tensiones existentes en el seno del Congreso Nacional de Honduras y plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en la aprobación de importantes instrumentos legislativos que afectan directamente a la ciudadanía hondureña.
