Tegucigalpa – El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, ha denunciado públicamente una campaña de presiones y amenazas dirigida a los diputados que apoyan el Presupuesto General de la República para 2025, situación que ha llevado a la cancelación de la sesión parlamentaria prevista para mañana.
«Condeno enérgicamente las amenazas y actos de extorsión dirigidos a los diputados que han manifestado su apoyo al Presupuesto», declaró Redondo, quien reveló que las intimidaciones incluyen amenazas de excluir a los legisladores de futuras planillas electorales.
El titular del Congreso rechazó las alternativas propuestas por las bancadas del Partido Liberal y Nacional, señalando que estas solo serían viables mediante nuevos impuestos o mayor endeudamiento, opciones que el gobierno actual descarta.
Redondo enfatizó que las propuestas únicamente podrían considerarse con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que busca que los sectores que actualmente no tributan comiencen a hacerlo.
Ante las acusaciones de supuesta compra de votos, el presidente del Legislativo hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue estas «falsas afirmaciones infundadas», defendiendo la transparencia del proceso legislativo.
«Agradezco profundamente a los congresistas que han expresado su voluntad de respaldar este presupuesto del pueblo, poniendo los intereses del país por encima de cualquier intimidación», manifestó.
Redondo advirtió sobre las graves consecuencias de no aprobar el presupuesto, que incluirían afectaciones a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, así como retrasos en salarios de empleados públicos y la paralización de proyectos de infraestructura críticos para el desarrollo nacional.
El presidente del Congreso concluyó su declaración con una firme postura: «No me voy a someter a la extorsión de negociar el presupuesto por intereses políticos», anunciando que se informará próximamente sobre nuevas fechas para las sesiones parlamentarias.
Esta crisis legislativa se desarrolla en un contexto de creciente tensión política, donde Redondo acusa al bipartidismo tradicional de intentar «usurpar las funciones constitucionales» que corresponden al Ejecutivo en materia de política económica y financiera.
