Tegucigalpa, Honduras. – El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre las ayudas y proyectos sociales gestionados por diputados durante el período legislativo 2022-2025 recibió una respuesta directa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien rechazó que las solicitudes hechas por parlamentarios puedan presentarse automáticamente como manejo directo de fondos públicos.
A través de un extenso comunicado publicado en X, Redondo sostuvo que la información divulgada por ASJ “no es nueva”, pues, según afirmó, desde 2025 ya se habían hecho públicas las gestiones realizadas por congresistas de distintas bancadas.
Desde España, el exjefe del Legislativo defendió que las disposiciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 establecían que la ejecución, seguimiento y liquidación de esos recursos correspondía a instituciones del Poder Ejecutivo, no directamente a los diputados.
En ese sentido, pidió diferenciar entre recursos solicitados, aprobados, incorporados, comprometidos, devengados y pagados. Aseguró que para conocer cuánto dinero fue realmente ejecutado deben revisarse los registros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y de las instituciones responsables de ejecutar los proyectos.
Redondo también cuestionó que ASJ, a su criterio, presente posibles irregularidades como si fueran hechos comprobados. Por ello, pidió que, si existen delitos o responsabilidades individuales, se presenten pruebas concretas ante las autoridades competentes.
El expresidente del Congreso no limitó sus señalamientos al informe. También apuntó contra la propia ASJ y planteó que la organización debe transparentar el origen, destino, auditorías y liquidación de los recursos de cooperación internacional que recibe.
Según Redondo, la asociación ha reconocido haber recibido alrededor de 2 millones de dólares anuales en ayuda exterior estadounidense, por lo que reclamó información pública sobre la forma en que esos fondos han sido ejecutados.
Además, anunció que promoverá ante el Congreso Nacional investigaciones sobre la legalidad, origen, destino y ejecución de fondos recibidos por organizaciones que, según él, participan activamente en asuntos políticos o institucionales.
El pronunciamiento surge después de que ASJ divulgara el informe relacionado con la gestión de ayudas sociales y proyectos solicitados por diputados en el período anterior, tema que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, los mecanismos de selección de beneficiarios y la rendición de cuentas.
Redondo cerró su comunicado poniendo en duda el momento en que el tema volvió al debate público. “¿Por qué precisamente ahora?”, preguntó, al vincular la publicación con el contexto de discusión nacional sobre la ENEE y las reformas al sector energético.
