Tegucigalpa, Honduras / San José. – La investigación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) contra el costarricense Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, documentó una conversación en la que el señalado narcotraficante habría asegurado que contaba con sus propios sicarios para enfrentar una disputa con narcotraficantes hondureños en Limón, Costa Rica.
El episodio ocurrió el 1 de agosto de 2023, durante una reunión en San José grabada en audio y video por la DEA como parte de una operación encubierta iniciada en 2022.
En ese encuentro, una fuente confidencial que se hacía pasar por comprador de cocaína le ofreció apoyo de sicarios mexicanos para hacer frente al conflicto que Bell supuestamente mantenía con criminales hondureños.
Según la investigación estadounidense, “Macho Coca” rechazó la propuesta y respondió que tenía sus propios sicarios.
La conversación se produjo en el contexto de la violenta guerra que Bell habría sostenido con la banda de La H, enfrentamiento que dejó decenas de muertos en el Caribe entre 2023 y 2024.
De acuerdo con la documentación de la DEA, uno de los supuestos integrantes de la organización informó a la fuente confidencial que Macho Coca se mantenía oculto debido a la presión de las autoridades y a problemas relacionados con su hermano, quien enfrentaba señalamientos por el homicidio de un presunto narcotraficante rival.
Pese a ese escenario, las conversaciones sobre cargamentos de cocaína continuaron.
La DEA sostiene que durante esos meses se discutieron temas relacionados con la seguridad de los cargamentos, posibles negocios y el supuesto uso de funcionarios costarricenses para facilitar operaciones de tráfico de cocaína.
Tras intentar avanzar en las negociaciones mediante intermediarios, la fuente confidencial decidió contactar directamente a Gilberth Bell Fernández.
El 31 de julio de 2023, la fuente CS-1 realizó una llamada grabada a “Macho Coca” para informarle que se encontraba en Costa Rica y que quería reunirse con él al día siguiente.
Bell aceptó y el encuentro se llevó a cabo en San José, bajo grabación de la DEA.
El objetivo de la reunión era avanzar en un negocio de mayor escala: aproximadamente 700 kilogramos de cocaína que eventualmente serían trasladados hasta Nueva York.
Según la investigación, las partes hablaron de un precio aproximado de 4,100 dólares por kilogramo.
Los supuestos compradores plantearon pagar la mitad del dinero por adelantado y entregar el resto al recibir la droga.
También le indicaron que tenían el dinero en Panamá y le preguntaron si estaba dispuesto a viajar a ese país para recogerlo.
De acuerdo con la documentación estadounidense, Macho Coca aceptó.
Fue durante esa misma reunión que surgió el tema de los problemas que Bell enfrentaba con narcotraficantes hondureños en Limón.
La DEA sostiene que el costarricense pidió más tiempo para preparar el cargamento debido a esa disputa y expresó preocupación por una posible escalada de violencia.
La fuente confidencial aprovechó entonces para ofrecerle contactos de sicarios mexicanos, pero Bell habría respondido que contaba con sus propios asesinos.
Para los investigadores, esa referencia adquirió relevancia porque no era la primera vez que “Macho Coca” hablaba de violencia durante reuniones grabadas.
El 15 de junio de 2022, más de un año antes de la conversación en San José, la fuente CS-1 sostuvo otro encuentro con Bell en un pequeño tajo de Limón, ubicado frente a una residencia que las autoridades costarricenses asociaban con el señalado narcotraficante.
En esa ocasión, la fuente llevaba oculto un dispositivo de grabación.
Durante aquella conversación, Bell habría explicado que podía conseguir cocaína en Colombia, coordinar su transporte y almacenarla en Costa Rica.
Según el relato del agente especial Brendan Leddy, “Macho Coca” también afirmó que algunas personas habían intentado aprovecharse de él y que las había mandado matar.
La reunión del 1 de agosto de 2023 se convirtió en uno de los últimos episodios documentados por la DEA dentro de la denuncia utilizada para solicitar su captura.
Para entonces, los investigadores acumulaban más de un año de llamadas, encuentros presenciales, grabaciones y una compra controlada de aproximadamente un kilogramo de cocaína por 6,000 dólares, realizada en febrero de 2023.
Con esa secuencia de comunicaciones, reuniones, grabaciones y transacciones documentadas, el agente Brendan Leddy solicitó a la justicia estadounidense emitir una orden de arresto contra Gilberth Bell Fernández.
La documentación sirvió posteriormente como sustento del proceso que derivó en la acusación contra “Macho Coca” por conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína a Estados Unidos.
El caso expone la dimensión violenta que, según la DEA, rodeaba las presuntas operaciones de Bell: negociaciones de grandes cargamentos, disputas con narcotraficantes hondureños, referencias a sicarios y una estructura con capacidad logística para mover cocaína hacia territorio estadounidense.
