Tegucigalpa, Honduras. – Una voz dentro del máximo tribunal que se suma al debate sobre uno de los períodos más polémicos de la justicia hondureña.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Isbela Bustillo, expresó su respaldo a las preocupaciones planteadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras respecto al Estado de Excepción que se mantuvo vigente en Honduras casi durante todo el mandato de la expresidenta Xiomara Castro.
Las cifras que menciona el informe son contundentes. Bustillo señaló que el documento de ambas instituciones cuestiona la falta de ratificación, por parte del Congreso Nacional, de al menos ocho decretos vinculados a la medida. Un dato que pone en tela de juicio la legalidad de varias decisiones tomadas durante ese período.
Pero hay algo más que la magistrada considera fundamental: la medida no demostró resultados que justifiquen su continuidad. Una valoración que coincide con las críticas que han surgido desde diversos sectores de la sociedad hondureña sobre la efectividad real del Estado de Excepción.
El rol del Poder Judicial como guardián constitucional
«La función del Poder Judicial y de los organismos de control es velar porque no se restrinjan derechos y se respete la Constitución», afirmó la magistrada. Una frase que resume lo que, desde su perspectiva, debería ser el norte de toda decisión judicial en un estado de derecho.
Bustillo recordó que emitió su voto favorable para admitir recursos de amparo contra acciones del anterior Poder Ejecutivo que, a su juicio, se realizaron fuera del marco constitucional. Una posición que la pone en una línea clara de defensa de las garantías individuales, incluso cuando esto implica cuestionar decisiones del Ejecutivo.
La postura de la magistrada Isbela Bustillo se suma a las voces que han cuestionado el uso prolongado del Estado de Excepción en Honduras. Mientras los informes de CONADEH y la ONU documentan las violaciones a derechos humanos ocurridas durante ese período, los magistrados de la Corte Suprema tienen ahora la oportunidad de dejar constancia de lo que, desde su perspectiva, no debió haber ocurrido.
El mensaje de Bustillo es claro: los derechos de los ciudadanos no pueden ser restringidos sin un fundamento legal sólido y sin que exista una justificación real que lo respalde. Cuando el Poder Judicial cumple su función de control constitucional, la democracia se fortalece y la ciudadanía encuentra en la justicia un escudo contra los abusos del poder.
Ahora queda por ver si esta postura individual se convierte en una posición colectiva dentro de la Corte Suprema. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir cómo se recuerda este capítulo de la historia judicial hondureña.
