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Magistrado de la CSJ defiende la continuidad de Daniel Sibrián al frente del Ministerio Público

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Tegucigalpa – El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Walter Miranda Sabio, ha expresado su opinión sobre la situación en torno al Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián Bueso, y su continuidad en funciones al frente del Ministerio Público, destacando la importancia de respetar la legislación vigente en Honduras.

La controversia se originó a raíz de una declaración del vicecanciller, Antonio García, que enfatizó la necesidad de que Daniel Sibrián Bueso dejara su cargo. En respuesta, el magistrado Miranda Sabio subrayó la importancia de respetar la institucionalidad del país mientras no se realice una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

El magistrado explicó que, según la actual legislación, específicamente el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, Daniel Sibrián Bueso tiene el deber de asumir la titularidad del Ministerio Público debido a la vacante dejada por el ex Fiscal General Oscar Chinchilla. Esta designación es considerada como una medida temporal hasta que se elija un nuevo Fiscal General.

Miranda Sabio enfatizó que es crucial no detener la actividad jurisdiccional y las funciones relacionadas con la acción pública que corresponden al Ministerio Público. Subrayó que se debe mantener la continuidad de la institución, ya que es esencial para el sistema de justicia hondureño.

El magistrado también hizo un llamado a la clase política para que llegue a un acuerdo que garantice la certidumbre a los inversionistas y para que se preserven los principios de institucionalidad en el país. Expresó su preocupación por la incertidumbre creada por la falta de una autoridad definitiva en el Ministerio Público, lo que coloca a Daniel Sibrián Bueso en la posición de representar al ente acusador del Estado.

Finalmente, Walter Miranda Sabio instó a la clase política a pensar en el bienestar de Honduras y en la importancia de mantener la estabilidad en la impartición de justicia. Esta situación plantea desafíos significativos para el país en términos de gobernabilidad y respeto por el Estado de derecho.

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