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Tegucigalpa

Crisis en el TJE: Magistrado denuncia «colusión» para aprobar resolución a favor de Jorge Cálix sin quórum

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció este jueves que los otros dos magistrados del pleno se coludieron para sesionar sin el quórum requerido y aprobar medidas cautelares, incluyendo la que favorece al diputado Jorge Cálix. Morazán asegura que la sesión se adelantó para excluirlo y que las resoluciones emitidas no tienen validez jurídica.

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Tegucigalpa – Una grave crisis interna ha estallado en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El magistrado Mario Morazán denunció públicamente este jueves que sus colegas del pleno, Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, se «coludieron» para celebrar una sesión sin el quórum legal y así conocer dos expedientes clave, uno de ellos el del diputado Jorge Cálix.

En declaraciones a periodistas, Morazán relató que el miércoles ingresaron al TJE dos solicitudes de medidas cautelares. Se convocó a una sesión para este jueves a las 11:30 de la mañana, pero, según su denuncia, la reunión fue adelantada deliberadamente para que él no pudiera participar en el conocimiento de los escritos.

«Hubo una colusión previa entre personal o funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral que ya sabían que se iban a presentar estas dos solicitudes de suspensión del acto antes de que se presentaran», declaró el magistrado, sugiriendo una acción premeditada.

Morazán reveló que los expedientes en cuestión estaban relacionados con las candidaturas del diputado Jorge Cálix y de Cristian Adalid Villalobo Fernán. Denunció que los magistrados Barahona y Flores Urrutia decidieron realizar la sesión jurisdiccional por su cuenta, sin la presencia necesaria para constituir el quórum legal.

«No quisieron incorporar a nadie y emitieron resoluciones del acto reclamado en estos dos casos», increpó Morazán.

El magistrado confirmó que él se retiró de la sesión del pleno antes de que se aprobara la agenda, precisamente por estas irregularidades. Por lo tanto, afirmó que la resolución emitida por sus dos colegas, que favorece a Cálix, «no tiene validez jurídica».

Según Morazán, el procedimiento correcto dicta que se deben recibir los expedientes y luego emitir un auto de admisibilidad para determinar si procede o no la suspensión del acto reclamado, un paso que, según él, fue omitido en esta sesión irregular.

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