Tegucigalpa – En declaraciones a periodistas que cubren la fuente judicial, Mairena subrayó la naturaleza vinculante de la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de lo Penal: «Es un hecho jurídico la existencia de esa resolución y obliga a su cumplimiento de parte de los obligados y la defensa a interponer un recurso».
El magistrado evitó comentar sobre los motivos específicos que llevaron a los jueces de la Corte de Apelaciones a emitir dicha resolución revocatoria de medidas cautelares. De igual manera, manifestó desconocer las razones por las cuales este tribunal resolvió la solicitud en un plazo de apenas tres días laborales, como han denunciado los abogados defensores de los exjerarcas militares.
Ante los cuestionamientos sobre la celeridad inusual del proceso, Mairena se limitó a señalar que «es una disposición de ley que los jueces resuelvan los expedientes conforme a la antigüedad de los procesos», aunque no explicó si esto se cumplió en este caso particular.
«Las resoluciones ya no se discuten, se cumplen, y lamento algunos que consideran que es muy apresurado y otros que dicen que se deben aplicar en todos los expedientes», enfatizó Mairena, reconociendo al mismo tiempo que la ciudadanía hondureña tiene la potestad de cuestionar cualquier resolución judicial.
El magistrado concluyó sus declaraciones expresando un deseo institucional: «Nosotros quisiéramos que todas las resoluciones se emitieran en el momento oportuno, en el momento procesal adecuado para que la justicia general sea aplicable a todos los justiciables, pero no depende de nosotros el tiempo en que el juez emite su resolución».
Esta resolución judicial ha generado controversia después de que el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, uno de los afectados por la medida, denunciara públicamente que existe un presunto plan para asesinarlo en prisión.
