Tegucigalpa, Honduras.— Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, fueron citados formalmente para el martes 18 de noviembre a una audiencia de declaración de imputado por el delito de prevaricato judicial, bajo advertencia de que, en caso de inasistencia, se emitirá orden de captura.
La jueza natural del caso, la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, convocó a los funcionarios a comparecer a las 2:00 de la tarde en la sala de prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio de una investigación impulsada por el Ministerio Público (MP).
Según la fiscalía, los magistrados violaron la Ley Orgánica y Procesal Electoral al emitir, el 27 de octubre, una resolución sin el quórum legal requerido —es decir, sin los tres integrantes del pleno ni la convocatoria de un suplente—. La decisión respondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional.
El MP sostiene que Flores Urrutia había sido recusado formalmente por un ciudadano por emitir una opinión pública antes de conocer el expediente en pleno, lo que debió activar un protocolo específico: suspensión del trámite, notificación al magistrado y designación de un suplente. Ninguno de estos pasos se cumplió.
Peor aún, al día siguiente (28 de octubre), ambos magistrados dictaron sentencia definitiva ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción inmediata de los candidatos, a pesar de que el TJE no estaba legalmente integrado. La ley exige de forma expresa la presencia de tres magistrados para que el pleno actúe con validez jurídica.
El Ministerio Público califica estas acciones como “irregulares, arbitrarias y antojadizas”, y las enmarca dentro del delito de prevaricato, que sanciona a funcionarios que dictan resoluciones contrarias a la ley a sabiendas.
La audiencia del 18 de noviembre marcará un hito en un caso que ha generado tensiones entre poderes del Estado y alertas de la comunidad internacional, en pleno período electoral. Mientras, el TJE permanece en el ojo del huracán: su legitimidad y autonomía están siendo puestas a prueba en uno de los momentos más sensibles del calendario democrático hondureño.
