Tegucigalpa, Honduras. – El juicio político contra los funcionarios electorales suspendidos encontró este lunes un nuevo frente judicial: los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, se presentaron ante el Poder Judicial para interponer un recurso de amparo contra la resolución de juicio político, en un movimiento que podría pausar el proceso si la Corte Suprema de Justicia decide admitirlo con suspensión del acto reclamado.
La presidenta de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Tania Pinto, fue clara al explicar las implicaciones del recurso: «Si la Corte Suprema de Justicia admite sus recursos y da una resolución que sea con suspensión del acto reclamado se pausará el proceso, de lo contrario seguiremos con la audiencia de preparación, de investigación y de defensa en esta causa», señaló la diputada, dejando en manos del máximo tribunal la decisión sobre si el proceso legislativo continúa o se detiene temporalmente.
Sin embargo, Pinto fue igualmente enfática en que la ausencia de los imputados no paraliza el trabajo de la comisión independientemente de lo que resuelva la CSJ sobre el amparo: «Continuaremos con la evacuación de medios de pruebas documentales. Existe mucha evidencia de lo que sucedió tanto en las primarias como en las generales, y nos permitirá determinar si es procedente someterlos a juicio político ante el pleno del Congreso Nacional», afirmó la coordinadora de la comisión, en un mensaje que apunta a que el expediente que se está construyendo tiene sustento propio más allá de los testimonios de los imputados.
La presidenta de la comisión también precisó la ruta del proceso en caso de que los funcionarios no comparezcan: «Llamaremos a los testigos, evacuaremos medios de prueba porque lo que ocupamos es llegar al final y ver si hay responsabilidad política por parte de estos funcionarios», reiteró Pinto, subrayando que el objetivo no es forzar la presencia de los denunciados sino construir el informe con la evidencia disponible para que el pleno del Congreso tome la decisión final sobre las destituciones.
Uno de los elementos más esperados del proceso es la eventual participación como testigos de las consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, las compañeras de pleno del consejero suspendido Marlon Ochoa, quien tampoco se presentó a su audiencia de las 9:00 de la mañana ni envió excusa alguna.
Al ser consultada sobre si ambas consejeras declararán, Pinto fue cautelosa: «No se ha determinado aún, pero ellas tienen un papel importante en el proceso, son quienes actuaron en las elecciones primarias y generales en el país», en una declaración que anticipa que su testimonio podría ser determinante para establecer la responsabilidad política de los funcionarios investigados.
Con el amparo interpuesto y el consejero Ochoa ausente, el proceso de juicio político más importante que ha emprendido el Congreso Nacional contra funcionarios electorales en la historia de Honduras enfrenta este lunes su primera prueba de resistencia institucional, con la CSJ como árbitro inesperado de un debate que hasta hace horas parecía ser exclusivamente legislativo.
