Tegucigalpa, Honduras. – Dos de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, obtuvieron este lunes la admisión de su recurso de amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una medida que busca proteger sus derechos ante procesos o actuaciones que podrían afectarlos en el ejercicio de sus funciones.
La decisión de la CSJ se convierte en un paso clave dentro del marco jurídico, asegurando que cualquier decisión o acción en contra de los magistrados sea revisada y cumpla con los procedimientos legales correspondientes, blindándolos temporalmente de las actuaciones del Ministerio Público.
El recurso fue interpuesto el pasado 25 de octubre ante las actuaciones cometidas en esos días por la Fiscalía, en medio de la controversia que rodeó al órgano electoral durante el proceso de los comicios generales del 30 de noviembre.
Ambos magistrados fueron acompañados en ese momento por su apoderado legal, el abogado Oliver Erazo, quien formalizó la presentación del amparo ante la máxima instancia judicial del país.
En aquella ocasión, Flores Urrutia señaló que el pueblo hondureño ha sido testigo de todo lo sucedido en esos días en los órganos electorales y en especial en el TJE, dejando entrever las presiones y señalamientos que enfrentaban los magistrados en el ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral.
La admisión del amparo por parte de la CSJ representa un escudo constitucional para los magistrados mientras el Tribunal de Justicia Electoral continúa resolviendo los recursos pendientes presentados por candidatos a diputados, algunos de los cuales no estarán resueltos para el 21 de enero, fecha de instalación de la junta provisional del Congreso Nacional.
El mecanismo del amparo constitucional garantiza que ninguna autoridad pueda tomar decisiones que afecten los derechos de los magistrados sin que estas sean sometidas a revisión judicial, protegiendo así la independencia del órgano electoral en un momento crítico para la democracia hondureña.
La medida cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el TJE enfrenta la presión de resolver impugnaciones y recursos mientras se aproximan las fechas clave del traspaso de poderes, que culminarán el 27 de enero con la toma de posesión del presidente electo Nasry Asfura.
