Por: Lemuel Licona Chacón
Luego de que la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Conferencia Episcopal de Honduras convocaran de manera conjunta a una caminata nacional para interceder por Honduras y su democracia, programada para el 16 de agosto del presente año, diversos sectores del país han reaccionado, tanto a favor como en contra. Según el comunicado oficial emitido por ambas instituciones, la marcha no tiene fines proselitistas y busca reafirmar la importancia del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
No obstante, muchos sectores se alzaron para rechazar esta manifestación. Algunos argumentan que el Estado es laico y que la Iglesia no debe involucrarse en asuntos políticos. Incluso, ministros y funcionarios del actual gobierno salieron públicamente a desacreditar la iniciativa, señalando que durante administraciones anteriores las iglesias no se manifestaron de la misma forma, y acusaron a sus líderes de estar parcializados políticamente y no del lado de los pobres.
Lo cierto es que estas declaraciones han derivado en ataques no solo contra la actividad convocada, sino contra ambas iglesias, desconociendo la labor histórica que tanto la Iglesia católica como la evangélica han desarrollado a favor de toda la población hondureña.
Durante décadas, estas instituciones han suplido con amor y servicio los vacíos que el Estado ha dejado. La Iglesia ha sostenido al pueblo, no solo espiritualmente, sino también mediante obras sociales, sin discriminar por clase social, nivel educativo o afiliación política.
A lo largo del tiempo, la Iglesia ha impulsado obras que transforman vidas, sanan el alma y restauran familias, compartiendo fielmente el mensaje de esperanza y salvación que ofrece la Palabra de Dios a través de centros religiosos en las comunidades, misiones y actividades pastorales que buscan fortalecer la fe y los valores cristianos en la sociedad.
Y no solo en lo espiritual, que es lo más importante, sino también en lo práctico: ha levantado comedores infantiles, orfanatos, centros de rehabilitación, talleres, escuelas, universidades, clínicas, hospitales, brigadas médicas y de construcción, entre otros.
La Iglesia trabaja con niños, rescata jóvenes de la violencia y la drogadicción, restaura matrimonios, que es la base de la sociedad, y siempre responde ante emergencias y necesidades, primero atendiendo a sus miembros y luego a toda la comunidad, sin esperar recompensa alguna.
Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿es justo descalificar a quienes, movidos por la fe, oran por su nación y trabajan día a día por el bienestar de su prójimo? La Iglesia no busca poder político, sino contribuir al bien común. Ignorar su voz o intentar silenciarla es desconocer el papel fundamental que ha desempeñado y sigue desempeñando en la construcción de una sociedad más justa, compasiva y solidaria. Porque cuando el Estado se ausenta, la Iglesia se presenta. Y hoy, más que nunca, Honduras necesita de ambas.
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