Tegucigalpa, Honduras.— La dirigente del Partido Nacional y aspirante a designada presidencial, María Antonieta Mejía, alertó este martes sobre maniobras deliberadas de obstrucción al proceso de escrutinio especial ejecutadas conjuntamente por militantes del Partido Liberal y Libertad y Refundación, acusando a ambas organizaciones de conspirar para impedir la certificación oportuna de los resultados electorales.
La legisladora nacionalista reveló durante rueda de prensa la existencia de «una supuesta alianza política entre ambas fuerzas para retrasar la declaratoria oficial de los resultados electorales», caracterizando esta colaboración como una estrategia coordinada para prolongar artificialmente la incertidumbre electoral y obstaculizar la transición democrática.
Mejía defendió la legitimidad de los comicios del 30 de noviembre, sostuviendo que «las elecciones se desarrollaron en paz, con alta participación ciudadana y sin hechos de violencia», argumentando que esta normalidad democrática invalida cualquier intento de «reinterpretar de forma caprichosa» los resultados expresados por la voluntad popular.
«La ciudadanía habló claro en las urnas. El pueblo hondureño pidió certidumbre, confianza y respeto a la voluntad popular», expresó la dirigente nacionalista, rechazando las narrativas que cuestionan la transparencia del proceso electoral y defendiendo la validez de los resultados preliminares que favorecen a su partido.
Acusaciones de manipulación documental
La candidata nacionalista acusó a dirigentes de Libre y el Partido Liberal de construir «una narrativa de fraude sin contar inicialmente con actas en su poder», denunciando que posteriormente presentaron documentos que fueron manejados con «hermetismo y secretividad», sugiriendo posible manipulación de evidencia electoral.
«Los datos del Partido Nacional coinciden con los resultados que maneja el CNE y favorecen de manera contundente a nuestro candidato», afirmó Mejía, contrastando la transparencia de su organización política con las supuestas irregularidades en el manejo documental de los partidos opositores.
La legisladora explicó que mientras el Partido Nacional «ya cumplió con el proceso de acreditación y capacitación de su personal» para integrar las 400 personas requeridas en las Juntas Receptoras Especiales, sus adversarios políticos habrían incumplido deliberadamente con los requisitos técnicos necesarios.
«Nuestras fuentes indican que solo hay alrededor de 100 personas del Partido Liberal y unas 30 de Libre debidamente enroladas. Lo que estaría retrasando el inicio del escrutinio especial», aseguró Mejía, identificando específicamente el déficit de personal acreditado como mecanismo de sabotaje al proceso de revisión.
Evidencias de coordinación electoral
Mejía fundamentó sus acusaciones de alianza política señalando «diferencias significativas entre la votación obtenida por candidatos a alcaldes de Libre y la candidata presidencial de ese partido, así como variaciones similares en el caso del Partido Liberal», interpretando estas discrepancias como evidencia de transferencia coordinada de votos.
La dirigente nacionalista caracterizó estos patrones electorales como prueba de que «la alianza se ha venido gestando desde antes y hoy se manifiesta con claridad», sugiriendo que la colaboración entre ambos partidos precedió a los comicios y se materializó mediante estrategias de voto cruzado.
La denuncia de Mejía implica que los electores de Libre y el Partido Liberal habrían votado estratégicamente por candidatos presidenciales de un partido y alcaldes de otro, configurando un esquema de apoyo mutuo diseñado para maximizar las posibilidades de ambas organizaciones en diferentes niveles electorales.
Llamado a la institucionalidad
La candidata nacionalista exhortó «a los partidos políticos a respetar el debido proceso electoral» y «permitir que el escrutinio especial se desarrolle sin presiones ni retrasos», responsabilizando directamente a la oposición de cualquier demora en la certificación de resultados definitivos.
Mejía solicitó el respaldo de «abogados, universidades, sectores de la sociedad civil y observadores» para «garantizar la transparencia y la certeza jurídica del proceso», buscando generar presión social sobre las consejeras del CNE para acelerar la resolución de la crisis electoral.
«El país necesita paz, certidumbre y una declaratoria oficial basada en la ley. No se puede deslegitimar un proceso donde el pueblo participó masivamente y en calma», concluyó la dirigente, enmarcando las objeciones opositoras como intentos ilegítimos de desconocer la voluntad popular expresada democráticamente.
Las acusaciones de Mejía configuran una narrativa que presenta al Partido Nacional como víctima de una conspiración bipartidista diseñada para impedir su legítimo acceso al poder mediante la obstrucción técnica y la manipulación procesal del escrutinio especial.
