Tegucigalpa – La diputada liberal Maribel Espinoza advirtió categóricamente que «el presidente del Congreso no tiene las facultades para desconocer las elecciones», cuestionando las atribuciones constitucionales del presidente congresual Luis Redondo en el contexto electoral.
La parlamentaria declaró que «no existe legalmente una Comisión Permanente», por lo que «cualquier decisión que tomen es ilegal», deslegitimando las actuaciones del órgano legislativo bajo la dirección de Redondo.
Espinoza enfatizó que el presidente del Congreso Nacional «no tiene facultades para desconocer las elecciones», estableciendo una limitación constitucional clara sobre las atribuciones del funcionario legislativo en materia electoral.
La diputada agregó que en este caso Luis Redondo «no puede ordenar repetir las elecciones generales, tampoco el conteo de votos», especificando las acciones prohibidas para el presidente del congreso según el marco jurídico.
«En ambos casos no existe facultad por parte de la Constitución de la República», declaró la también abogada, fundamentando su posición en el texto constitucional y estableciendo los límites legales de las atribuciones presidenciales del Congreso.
Espinoza advirtió que «cualquiera de estas acciones puede llevar a Redondo a la cárcel», estableciendo consecuencias penales para el presidente congresual en caso de exceder sus facultades constitucionales.
La diputada liberal recomendó a Redondo «no actuar a instancias del asesor presidencial Manuel Zelaya», sugiriendo influencia externa en las decisiones del presidente del Congreso y advirtiendo sobre las implicaciones legales de seguir directrices no autorizadas.
La declaración de Espinoza constituye una advertencia jurídica directa sobre los límites constitucionales del poder legislativo en materia electoral, estableciendo responsabilidades penales para funcionarios que excedan sus atribuciones.
La posición de la diputada liberal evidencia las tensiones políticas en torno a las facultades congresales y la legitimidad de las decisiones tomadas por la actual directiva legislativa en el contexto de las controversias electorales.
La mención específica de Manuel Zelaya como «asesor presidencial» sugiere dinámicas de influencia política que podrían estar condicionando las decisiones del presidente del Congreso más allá de sus atribuciones constitucionales.
