Tegucigalpa, Honduras. – Pocas voces tienen la autoridad moral de Maribel Espinoza para criticar lo que ocurrió este miércoles en el Congreso Nacional. Fue ella quien durante semanas presionó públicamente por la aplicación del juicio político contra los funcionarios que pusieron en riesgo la democracia hondureña, quien fijó plazos al Legislativo y amenazó con una iniciativa ciudadana si los diputados no actuaban.
Y fue ella misma quien este miércoles por la noche salió a decir lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a formular con tanta claridad: «Lamento mucho decirle al Partido Nacional: no han aprendido nada».
Espinoza reconoció que durante años criticó al Partido Libertad y Refundación (Libre) por la concentración de poder, pero advirtió que lo ocurrido esta noche con los cambios en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reproduce exactamente el mismo patrón que denunció en la administración anterior.
«No se puede utilizar el juicio político como una herramienta de remoción arbitraria», afirmó, trazando una línea entre el uso legítimo de esa figura constitucional y lo que calificó sin rodeos como una «componenda política».
El señalamiento más concreto apuntó al nombramiento del nuevo Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore, a quien describió como una designación políticamente motivada que pasó por encima de criterios de mérito.
«Lo correcto hubiera sido poner a Jenny Almendárez, mejor evaluada en el proceso para elección del Fiscal General», afirmó Espinoza, recordando que la abogada obtuvo la calificación más alta —95.5%— en las evaluaciones de la Junta Proponente, muy por encima del 75.26% de Reyes Theodore. Para la abogada, ignorar ese resultado no es un detalle menor sino la señal más elocuente de que el proceso respondió a intereses políticos y no a criterios institucionales.
Espinoza fue más lejos al describir el esquema que cree ver detrás de los movimientos de esta noche: «Lo que hay es un acuerdo político para poner a un liberal en la Corte Suprema de Justicia y un nacionalista en el Ministerio Público», denunció, asegurando sentirse «sumamente preocupada e indignada» ante lo que describió como un reparto de cuotas de poder entre los dos partidos tradicionales disfrazado de rendición de cuentas institucional.
La renuncia de la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando a la titularidad de la CSJ sin abandonar su curul como magistrada también generó en Espinoza más preguntas que respuestas: «¿Qué pasó ahí? ¿Qué razón tuvo Rebeca Ráquel Obando para renunciar como presidenta y quedarse como magistrada?», se preguntó, sugiriendo que esa salida estratégica a medias solo tiene sentido dentro de una negociación política que no se ha hecho pública.
El mensaje que la abogada dirigió al Partido Liberal fue igualmente contundente. Espinoza sospecha que una facción del liberalismo está operando en componendas con el Partido Nacional, y advirtió que los diputados liberales que avalan la concentración de poder del oficialismo están «contribuyendo a destruir su propio partido por beneficios o asuntos personales».
Y recordó la lección que, a su juicio, el liberalismo aún no ha terminado de aprender: «Recuerden el error que significó apoyar a Libre con su fiscal ‘en nombre de la gobernanza’; el fiscal actuó con subordinación al poder y con su falta de acción ante funcionarios que violaron la ley, puso en peligro la independencia de los poderes del Estado y el desarrollo normal del proceso electoral».
Espinoza cerró con un llamado que resume su postura: «No se deben hacer más esas negociaciones oscuras. La transparencia es lo que debe primar. El país necesita un verdadero cambio de actitud de su clase política.
No se puede actuar como se hizo antes, debe actuarse con civismo y con visión de reconstruir lo destruido», en una reflexión que, viniendo de quien vino, tiene el peso de quien apostó por el juicio político como herramienta de democracia y ahora siente que esa herramienta fue usada para otros fines.
