Tegucigalpa, Honduras – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, denunció este miércoles 8 de enero que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, estaría “quebrantando la Constitución de la República” al utilizar la figura de la Comisión Permanente para suplantar las facultades exclusivas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en materia de declaratoria de resultados electorales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Espinoza afirmó que “Redondo y sus amigos están siguiendo las locuras del expresidente Manuel Zelaya Rosales de querer dar un golpe a la democracia”, en referencia a la sesión convocada para este jueves, en la que el pleno del Congreso decidirá si valida o reescruta los resultados del 30 de noviembre.
La congresista advirtió a sus colegas Tomás Zambrano, Mario Segura y Fátima Mena que “ejecuten las resoluciones adoptadas por el pleno del Congreso Nacional para proteger la democracia”, en un llamado implícito a rechazar la iniciativa de Redondo.
Espinoza sostuvo que el verdadero objetivo detrás del informe de la Comisión Permanente es “dar motivos al Fiscal General, Johel Zelaya, para que requiera a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López”, lo que, según ella, generaría “el caos que ocupa Mel Zelaya para quedarse en el poder”.
“¿Quiere anular las elecciones de forma disfrazada sin ser juez? ¿O es que quiere que legalicemos su pseudo Comisión Permanente? Porque sabe que es ilegal”, cuestionó la diputada, al enfatizar que el CNE es la única institución constitucionalmente facultada para administrar y declarar los resultados electorales.
Invocando el artículo 375 de la Constitución de la República —que establece que “todo ciudadano, investido o no de autoridad, está en el deber de mantener o restablecer el orden constitucional”—, Espinoza solicitó a las Fuerzas Armadas que intervengan para detener a quienes “violenten el orden constitucional”.
“Están jugando con fuego y hay que dejar un precedente, porque la Constitución se respeta”, sentenció, en una de las intervenciones más contundentes desde el sector liberal en medio de la creciente tensión institucional a menos de tres semanas de la transición de gobierno.
Su postura refuerza la posición de quienes consideran que la Comisión Permanente carece de legitimidad jurídica y que cualquier intento del Congreso de asumir funciones electorales representa una grave ruptura del orden democrático.
