Tegucigalpa, Honduras.— La transparencia en los procesos electorales no admite grises. La exdiputada Maribel Espinoza señaló este sábado que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser sometidos a juicio político, una petición que busca depurar la institucionalidad electoral ante lo que considera violaciones graves a la normativa vigente.
Espinoza citó los artículos 1, 14 y 15 de la Ley Electoral como las disposiciones que, a su juicio, fueron vulneradas por Ochoa al no asistir o abandonar las sesiones del CNE sin autorización. «Marlon Ochoa, y los demás funcionarios que incurrieron en las mismas actuaciones, no tienen defensa alguna para evitar su destitución en el juicio político», dijo la excongresista, en una afirmación que no deja espacio a la ambigüedad.
La también abogada alegó que existen pruebas irrefutables de que Ochoa debe ser removido de su cargo por ausentarse de manera injustificada en las sesiones del pleno. Pero su crítica va más allá de lo administrativo: afirmó que hubo acciones de claro dolo cometidas por el consejero con la intención de boicotear el proceso electoral e impedir la alternancia en el ejercicio del poder.
Espinoza acusó a la cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre) de planificar una estrategia para quedarse en el poder e impedir un cambio de gobierno, con Ochoa siendo uno de sus ejecutores. Una denuncia que traslada el debate del ámbito técnico al político, donde las interpretaciones sobre la conducta institucional suelen dividirse según la afiliación partidaria.
Aunque reflexionó que la figura del juicio político solo debe ser utilizada en casos de gravedad, señaló el caso de Marlon Ochoa como un «claro ejemplo» de conducta que amerita este mecanismo de control. Apuntó que esta figura debe sentar un precedente para que políticos nunca más se atrevan a intentar romper el orden constitucional.
Pero la exdiputada también lanzó una advertencia a quienes podrían impulsar el proceso: pidió a los diputados del Partido Nacional y demás instituciones políticas que no utilicen el juicio para «motivaciones ocultas» de querer escoger a un sustituto que los favorezca. Una observación que busca blindar el procedimiento contra posibles manipulaciones de última hora.
Finalmente, Espinoza recomendó que debe darse oportunidad a los partidos políticos pequeños para integrar el pleno de consejeros del CNE, una propuesta que apunta a diversificar la representación en el órgano rector de los comicios y fortalecer la confianza ciudadana en su imparcialidad.
Para los observadores, el llamado de Espinoza representa una oportunidad de evaluar la conducta de los funcionarios electorales con rigor y transparencia. Para la ciudadanía, la expectativa es que cualquier decisión sobre el CNE y el TJE se tome con base en evidencia sólida, no en cálculos políticos coyunturales.
Mientras el debate sobre el juicio político toma forma en el Congreso, el mensaje que queda en el aire es claro: la credibilidad de las elecciones depende, en gran medida, de la integridad de quienes las organizan y supervisan. Porque al final, más allá de los artículos y las denuncias, lo que importa es que los hondureños puedan confiar en que su voto será contado con honestidad, y que el resultado de las urnas reflejará, sin distorsiones, la voluntad popular.
