Tegucigalpa, Honduras. – El abogado penalista Marlon Duarte calificó como positiva la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, al considerar que esta normativa permitirá a Honduras fortalecer sus mecanismos de lucha contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
Duarte señaló que la ley representa un avance importante para identificar a las personas naturales que realmente están detrás de empresas, sociedades y estructuras jurídicas que operan en el país.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos será garantizar que la información contenida en el registro no caiga en manos indebidas.
El profesional del derecho recordó que Honduras ha enfrentado problemas relacionados con el manejo de información reservada, por lo que insistió en que el acceso a estos datos debe estar limitado únicamente a funcionarios debidamente autorizados y bajo controles estrictos.
A criterio de Duarte, la nueva normativa debe contar con mecanismos técnicos sólidos para evitar filtraciones, manipulación o uso irregular de la información de personas y empresas.
En cuanto al impacto internacional, el penalista sostuvo que la aprobación de esta ley fortalece la posición de Honduras ante organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.
“Ya no vamos a tener ningún tipo de sanción ni repercusión, ni nos verán como un país que es un paraíso fiscal para este tipo de actividades ilícitas”, afirmó Duarte.
No obstante, también expresó preocupación por el posible uso político de la información contenida en el registro, por lo que recomendó que el Congreso Nacional establezca sanciones severas contra quienes utilicen indebidamente esos datos.
El abogado consideró necesario definir con claridad qué institución administrará la normativa, ya que, a su juicio, debe tratarse de una entidad con criterios técnicos, capacidad de resguardo y alejada de intereses políticos.
Duarte insistió en que la ley puede convertirse en una herramienta valiosa para transparentar la actividad empresarial y fortalecer el sistema financiero, siempre que su aplicación se realice con responsabilidad, confidencialidad y controles adecuados.
La aprobación de la Ley de Beneficiarios Finales ha sido presentada como un paso clave para combatir estructuras opacas, prevenir el uso de empresas en actividades ilícitas y cumplir con estándares internacionales de transparencia financiera.
