Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta su crisis institucional más grave a solo cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, luego de que el consejero Marlon Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), confirmara que no asistirá a la reunión programada para este miércoles a las 6:00 de la tarde, argumentando que su participación sería legitimar un supuesto fraude electoral.
«Lo que está convocado a las 6:00 de la tarde en el pleno del Consejo Nacional Electoral es un intento más de consolidar el delito electoral», declaró Ochoa en conferencia de prensa, reiterando sus acusaciones contra el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que considera una «ilegalidad» diseñada para manipular la voluntad popular.
La escalada de tensiones dentro del órgano electoral alcanzó un punto crítico el pasado lunes cuando Ochoa presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall por delitos de prevaricato administrativo, delitos electorales y usurpación de funciones. Las acusaciones se centran en la aprobación de una enmienda al pliego del TREP que permite la «intervención humana» en la verificación de datos electorales.
El representante de Libre insiste en que el sistema actual replica los mecanismos fraudulentos utilizados en los comicios de 2013 y 2017, cuando David Matamoros Batson dirigía procesos electorales cuestionados. «Remarcó que la modalidad de este sistema de TREP es modificar los resultados que envíen desde la junta receptora de votos en presencia de un miembro del Partido Nacional y Partido Liberal», enfatizó Ochoa, quien considera «intolerable que los resultados se modifiquen posteriormente a las elecciones».
La crisis se agravó el pasado 7 de julio cuando colectivos del partido oficialista, respaldados por Ochoa, bloquearon físicamente el ingreso de empresas oferentes que debían presentar sus propuestas para la licitación del TREP en las instalaciones del CNE. Este sabotaje obligó a las consejeras López y Hall a aprobar una enmienda extendiendo el plazo de recepción de ofertas, decisión que Ochoa califica como irregular y fraudulenta.
«Señaló que no participará en la sesión ni prestará el voto para avalar un sistema que consolida la forma de extirpar la voluntad popular», según declaraciones del consejero, quien ha paralizado efectivamente las decisiones del CNE al no proporcionar el quórum necesario para las votaciones cruciales del proceso electoral.
Las consejeras López y Hall han respondido enérgicamente a las acusaciones, catalogando el lunes pasado como un «lunes negro en la democracia del país». López desafió públicamente a Ochoa a mostrar «en qué parte de la ley dice que la verificación debe ser por computadora», argumentando que «la ley no indica que debe haber interferencia humana, pero el CNE está conformado por humanos».
La presidenta del CNE defendió que el organismo «ha cumplido en tiempo y forma» con sus responsabilidades y advirtió sobre el riesgo de perder el TREP debido a los «retrasos ocurridos en los últimos días, responsabilizando a Ochoa». «Estamos a horas de perder el TREP y es gracias a las acciones de amedrentamiento, de amenaza pública y de alteración del orden público», denunció López.
El conflicto escaló dramáticamente el martes pasado durante la comparecencia de los consejeros en el Congreso Nacional, donde colectivos oficialistas irrumpieron en el hemiciclo, provocando que López y Hall abandonaran la sesión en medio del caos. Solo Ochoa permaneció en el recinto, aprovechando la situación para reiterar sus acusaciones sin ser cuestionado ni interrumpido.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) condenó tanto el bloqueo de los colectivos como las denuncias de Ochoa, calificando estos hechos como «la gravedad de la crisis institucional que enfrenta el ente rector de las elecciones» y «una amenaza directa al TREP, uno de los mecanismos que garantizan la transparencia para las elecciones generales».
El sistema TREP, implementado por primera vez en Honduras durante las elecciones de 2021, permite la digitalización y envío de actas desde los centros de votación en todo el país, proporcionando resultados preliminares casi inmediatamente después del cierre de las urnas. Este mecanismo fue aprobado unánimemente por el CNE en 2024, incluido el voto del propio Ochoa, quien ahora lo califica como fraudulento.
La crisis institucional ocurre en un momento crítico del cronograma electoral, cuando faltan menos de cinco meses para los comicios que definirán la presidencia, 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes en todo el país. El enfrentamiento interno del CNE genera serias dudas sobre la capacidad del órgano electoral para garantizar un proceso transparente y creíble.
Consultado sobre el caos registrado en el Congreso Nacional, Ochoa minimizó los hechos mencionando que «hubo un intento de agresión física contra él, pero que no se materializó», contrastando con las agresiones documentadas contra la periodista Saraí Espinal y otros simpatizantes liberales por parte de los colectivos oficialistas.
La paralización del CNE por parte de Ochoa plantea interrogantes sobre el futuro del proceso electoral hondureño, especialmente cuando sectores nacionales e internacionales observan con creciente preocupación el deterioro de la institucionalidad democrática en el país centroamericano.
