Tegucigalpa — El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, se pronunció este lunes para desmentir categóricamente las acusaciones que lo vinculan con el incendio de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, ocurrido en 2019, y negó poseer cualquier tipo de antecedente penal o policial.
A través de su cuenta en la plataforma X, Ochoa manifestó: «Es FALSO que haya participado en la quema de la embajada de EE. UU. y FALSO que haya sido encarcelado. No tengo un solo antecedente penal ni policial». El funcionario enfatizó la integridad de su trayectoria en el servicio público, subrayando que su historial es impecable.
En el mismo mensaje, añadió: «Puedo ver con absoluta tranquilidad a los ojos a mis hijos, a mi esposa y mi familia, porque mi historial como funcionario público es absolutamente limpio. Los cargos que he ejercido los he asumido con honradez absoluta, por eso recurren a levantar falsos».
Las declaraciones de Ochoa surgen en respuesta a comentarios realizados por Mike Vigil, exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Vigil había sugerido que no sería descabellado que Estados Unidos pudiera solicitar la extradición de Marlon Ochoa bajo cargos de terrorismo relacionados con la quema de la embajada en 2019.
Hasta el momento, no existe ninguna acusación formal en contra de Ochoa, pero las afirmaciones de Vigil han generado controversia y especulaciones en el ámbito político hondureño.
Ochoa, quien también ha ocupado cargos como exministro de Finanzas y exdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus funciones públicas.
La situación ha provocado diversas reacciones en el país, poniendo de relieve la necesidad de manejar con cautela las acusaciones que puedan afectar la reputación y la labor de los funcionarios públicos.
Ochoa continúa desempeñando sus responsabilidades en el CNE y ha instado a no propagar información falsa que pueda generar confusión o afectar la institucionalidad.
Las autoridades hondureñas no han emitido comentarios adicionales sobre el asunto, y se espera que cualquier acción legal o investigación se realice conforme a los procedimientos establecidos y con respeto al debido proceso.
