Tegucigalpa, Honduras. – El número es contundente y no da lugar a la indiferencia: en los primeros 88 días de 2026, un total de 10,071 hondureños fueron deportados y retornados al país, un promedio de 129 personas por día que llegan sin dinero, sin sus pertenencias y con los sueños que los llevaron a emigrar convertidos en una deuda emocional difícil de saldar.
Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que además de documentar las cifras lanzó un llamado urgente al Estado hondureño para que deje de improvisar y construya políticas públicas permanentes que respondan a la magnitud del fenómeno.
De los 10,071 migrantes retornados en este primer trimestre del año, el 91% provienen de Estados Unidos, un 8% de México y el porcentaje restante de Guatemala, en un flujo que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump y su impacto directo sobre la diáspora hondureña.
En cuanto al perfil de los deportados, los números revelan una realidad que va más allá de las estadísticas: 8,094 hombres, 962 mujeres, 846 niños y 169 niñas fueron retornados en este período, una composición que incluye a los más vulnerables y que obliga al Estado a responder con programas integrales que atiendan no solo las necesidades materiales sino también el trauma psicológico que acompaña a cada deportación.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, fue directa al señalar lo que el Estado hondureño ha fallado en entender: la ayuda a los migrantes retornados no puede seguir siendo temporal y fragmentada. Reyes exigió que los connacionales deportados sean incorporados a los proyectos sociales del Gobierno, desde el bono 10,000 hasta el acceso a vivienda digna y trabajo, como parte de una estrategia de reintegración que tome en cuenta la salud mental de quienes regresan marcados por la separación familiar y las condiciones que vivieron en los centros de detención estadounidenses. «Los migrantes hondureños llegan al país sumergidos en una gran vulnerabilidad porque sus sueños quedaron estancados», resumió la funcionaria del Conadeh.
Una de las denuncias más concretas que emergió del informe apunta a una contradicción burocrática que dejó a muchos retornados sin la ayuda que les correspondía: quienes llegaron en vuelos comerciales en lugar de vuelos de deportación oficiales no recibieron el bono de retorno, ya que al no contar con una constancia o manifiesto extendido por las autoridades de migración, el sistema simplemente los excluyó.
«Hubo una posición bastante cerrada en el tema, sin tomar en consideración que estas personas también venían retornadas, en una situación de vulnerabilidad y que también necesitaban de esa ayuda», denunció Reyes, en una crítica que apunta directamente a la rigidez administrativa que convirtió un requisito de papel en un muro para los más necesitados.
El contexto se agrava con el cierre inminente del programa «Hermano, Hermana Vuelve a Casa», iniciativa lanzada por el gobierno anterior en 2025 con el objetivo de amortiguar los efectos del retorno y apoyar la reintegración de los migrantes deportados.
El programa llega a su fin en abril en medio de un balance que líderes y los propios migrantes califican de fallido: el bono alimenticio no llegó a todos los retornados que lo necesitaban, y sin embargo se invirtieron alrededor de 100 millones de lempiras en su ejecución, fondos manejados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la misma institución que hoy enfrenta el escándalo del caso Chequesol por el presunto desvío de fondos públicos para fines electorales.
Con 129 hondureños que regresan cada día sin recursos y sin certezas, la pregunta que el Conadeh le plantea al Gobierno del presidente Nasry Asfura es tan simple como urgente: ¿cuándo dejará Honduras de improvisar con sus migrantes retornados y comenzará a tratarlos como lo que son, ciudadanos que merecen una segunda oportunidad real en su propio país?
