La ONG Socorro Jurídico Humanitario reportó la crítica situación que se vive en los penales del país.
Por Infobae
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el régimen de excepción en el país el 27 de marzo del año pasado con la excusa de llevar adelante una guerra contra las pandillas y bajar los índices de criminalidad. Sin embargo, se multiplican las denuncias de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que aseguran que se violan los derechos humanos de la población.
En diálogo con Infobae, Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denunció que más de 300 personas murieron en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción y que el 92 % de ellas eran inocentes.
“El Socorro Jurídico Humanitario es una organización defensora de derechos humanos que nació el 25 de julio de 2022 por la imperiosa necesidad de la defensa de derechos humanos, específicamente de compañeros sindicalistas y presidentes de asociaciones de personas organizadas, de trabajadores organizados, que estaban siendo capturados al inicio del régimen de excepción, el cual se viene ejecutando en El Salvador de manera improvisada y demasiado irresponsable”, comenzó.
Y siguió: “A raíz de toda esta persecución de líderes sindicales, un grupo de 15 personas de distintas profesiones, abogados, criminólogos, psicólogos, médicos y salvadoreños en general; decidimos unirnos para tratar de darle de alguna manera respuesta a todas las denuncias ciudadanas de las capturas arbitrarias de personas inocentes”.
Preguntada por la elevada cifra de muertos en las cárceles, Escobar indicó: “En los 15 meses del régimen de excepción, a nuestras oficinas han llegado más de 300 denuncias de muertes violentas y por negligencia médica de personas que están en fase de investigación, que han sido capturadas durante el régimen de excepción pero que no tuvieron derecho de defensa”.
Sostuvo que “no se les respetó la presunción de inocencia, puesto que han fallecido dentro de centros penales a causa de torturas, como estrangulamientos; y también, un buen porcentaje por negligencia médica, es decir, el sistema penitenciario no les ha dado la medicación para enfermedades previas que ya llevaban las personas capturadas y para enfermedades que han sido adquiridas dentro de los centros penales y que también han sido causas de muertes”.
Luego expresó que, del universo de denuncias, que “son 300″; tienen “158 confirmaciones de muertes en centros penitenciarios” y que sus fuentes directas son los familiares. “Esto es porque no hay información oficial. Ellos (el régimen de Bukele) tienen completamente todo cerrado y archivado; y en ese sentido, pues nosotros hemos pedido a los familiares que nos confirmen esto vía actas de defunción, fotografías y documentación en general que comprueben los fallecimientos y las causas de los mismos”, explicó.
Consultada sobre si existe temor de las familias a denunciar, la directora de la ONG aseguró: “Lo que pasa es que en El Salvador vivimos en una situación de terror de parte de las autoridades, los policías, la fuerza armada, los mismos agentes del Estado y del Ministerio Público. A la gente le han hecho creer que si llegan a hablar, van a correr la misma suerte que su familiar: ser capturados ilegalmente, torturados en centros penales y llevados hasta la muerte. Entonces, la gente lo que hace es mejor dejarle a la voluntad de Dios el castigo que reciban estos agentes de autoridad, que han cometido estos crímenes, y por lo tanto no denuncian. Pero no es porque no haya ocurrido la muerte del familiar en el centro penal, si no que tienen miedo por esta situación de terror en la que vivimos en El Salvador”.
Y continuó: “Aquí estamos en un completo proceso de consolidación de una dictadura. Todos los poderes del Estado responden en este caso a lo que el Ejecutivo solicita a través del presidente y sus ministros, específicamente de Seguridad y Justicia. En ese sentido, la gente tiene miedo, mucho miedo de hablar”.
Un dato que llama la atención del trabajo de la ONG es que sólo el 8 % de los fallecidos en prisión estaba “perfilado como pandillero”, mientras que el 92 % es gente inocente. Al respecto, Escobar explicó: “Efectivamente hemos perfilado que de esos primeros 126 fallecidos que teníamos al año del régimen, solamente el 8 % eran de pandillas pero el 92 % era gente completamente inocente. De ello podemos decir que era gente que no tenía ni un solo tatuaje y, si tenía, era un tatuaje artístico; personas que no tenían antecedentes penales, incluso universitarios presos o laborales porque también hay mucha gente trabajadora, sindicalistas, maestros, etcétera. En ese sentido podemos decir que la gran mayoría de los fallecidos son personas inocentes”.
Por último, se refirió a las torturas y los malos tratos a los que son sometidos los presos en las cárceles del país. “Indudablemente, hay tortura de las peores en los centros penitenciarios. Estos son crímenes de lesa humanidad, delitos internacionales que están cometiendo los agentes del Estado. El primero es Osiris Luna, que es el director de centros penales, que no debería estar permitiendo que custodios, por ejemplo, torturen a la gente que está presa, especialmente aquellos que son inocentes”.
Y ratificó: “Son crímenes de lesa humanidad y nosotros (El Salvador) somos suscriptores del Estatuto de Roma, que en el artículo 8 y 17 del mismo establece que los agentes del Estado que cometan estos delitos internacionales tienen de entre 15 a 30 años de prisión”.
“Desafortunadamente, el fiscal general de la República, en unas declaraciones irresponsables e impunes, dijo que ha mandado al archivo 142 fallecimientos dentro de centros penales porque no hay tortura o no hay forma científica de comprobarlo, pero sí las hay. Nosotros tenemos testimonios claros de personas a las que cuando las han llamado al reconocimiento del cadáver, les han entregado el cuerpo en cajas selladas, mintiéndoles, diciéndoles al familiar que la persona tenía COVID-19, y que por lo tanto no podían abrir la caja”, detalló Escobar.
“Sin embargo, mujeres valientes, madres y esposas no se quedaron con esta indicación, abrieron las cajas y han visto golpes por todo el cuerpo, señales de estrangulamiento, de vapuleos, de torturas dentro de centros penales, y que lejos está eso, por supuesto, de ser COVID-19 o un infarto, que es lo que más ponen en las certificaciones de medicina legal. Entonces no hay duda de que aquí en El Salvador, en estos momentos, hay un ataque sistemático contra población inocente”, concluyó.
