Ginebra, Suiza. – Honduras enfrentó un cuestionamiento multilateral sin precedentes durante su cuarta comparecencia ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde más de 90 Estados plantearon duras observaciones sobre tres ejes centrales: el régimen de excepción, la presión sobre órganos electorales y la falta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, encabezó la delegación hondureña y calificó este examen como el “primero bajo un gobierno legítimo”, una frase que, en el marco del discurso oficial sobre la “narcodictadura”, dejó entrever una descalificación implícita de los tres procesos anteriores (2010, 2015 y 2020).
Pero las críticas internacionales no se hicieron esperar.
Sobre el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, países como Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria y Corea del Sur exigieron su levantamiento inmediato, al recordar que, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y sujetas a control judicial. Varios advirtieron que su prolongación vulnera derechos fundamentales y distorsiona la igualdad en el proceso electoral.
En materia electoral, España, Canadá, Brasil, Australia, Austria y el Reino Unido coincidieron en que la independencia del CNE y del TJE es esencial para la credibilidad de los comicios del 30 de noviembre. Alemania y Austria fueron más lejos: recordaron que la Constitución hondureña (arts. 205 y 272) prohíbe la injerencia militar en los procesos electorales y exige un control civil efectivo.
Mientras, en el frente de la libertad de expresión, Noruega, Suiza, Países Bajos, Canadá y Francia instaron a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para dotarlo de autonomía y presupuesto real. Lituania e Islas Marshall expresaron alarma por la inseguridad de periodistas, y Reino Unido, Australia y Eslovenia llamaron a detener la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones imparciales ante amenazas.
Además, varias naciones hicieron recomendaciones complementarias: Chile, Costa Rica y Brasil alentaron la ratificación del Acuerdo de Escazú; México, Uruguay e Islandia abogaron por avanzar en derechos sexuales y reproductivos, incluida la despenalización del aborto; y otros urgieron a ratificar instrumentos pendientes como el Protocolo de la CEDAW y el Convenio 189 de la OIT.
Para la comunidad internacional, el mensaje fue unánime: la democracia hondureña no se mide solo por la celebración de elecciones, sino por el respeto a los derechos, las instituciones y las voces que las sostienen.
