Tegucigalpa – La doctora y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, advirtió este lunes que el gremio médico analiza reactivar la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación y salir a las calles como lo hicieron en 2019 con protestas que paralizaron el país, ante el incumplimiento de los salarios al personal de salud y la falta de una política sanitaria clara.
«Siempre he sido una fuerte crítica que en nueve meses no ha habido una política de salud pública y el sistema de salud está más precarizado. Si no se ve una política clara aquí obviamente lo vamos a denunciar y si la gente nos acompaña nos vamos a las calles», señaló Ramos en declaraciones a una radioemisora capitalina.
Ramos aseguró que el actual gobierno de Xiomara Castro ha sido incapaz de dirigir la salud pública que va encaminada a la privatización y por ello es urgente reactivar la plataforma que luchó por la salud y la educación pública durante el año 2019 en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022).
«Si esto no mejora por lo menos vamos a hacer un llamado. Vamos a ver para el 2023 qué planes tiene el gobierno, pero si vemos que esto no arranca nos iremos a las calles. Estamos formando el Frente Parlamentario por la Salud», comentó la parlamentaria PSH, mismo partido al que paradójicamente pertenece el ministro de Salud, José Manuel Matheu.
Una ola de manifestaciones, dirigidas por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, paralizó las calles del país durante mayo del 2019 para protestar contra la privatización de los sistemas de salud y educación.
Las protestas comenzaron el 26 de abril después que el Congreso Nacional aprobara los proyectos de ley para reformar estos sectores, conocidos como el PCM – 026 y 027 en los que se facultaba a los secretarios de estado en la definición y transformación de la educación y la salud para mejorar la prestación de servicios con un sistema «inclusivo, eficaz y pertinente a las necesidades del país».
Posteriormente, el 30 de abril y tras varios días de protestas, el Congreso eliminó los decretos de manera unánime.
Durante las manifestaciones también se reclamó que la participación del gasto en educación del gobierno central era de 32.9 por ciento en 2010 y en el presupuesto aprobado de 2019 bajó a 19.9 por ciento.
El gasto en salud, por su parte, se redujo de 14.3 a 9.7 por ciento para los mismos años.
La aprobación de la Ley Marco de Protección Social en 2015 generó también una alerta en el sector sanitario, dado que hace referencia a un modelo de salud mixto (público-privado).
Lo anterior generó que el 29 de abril de 2019 entraran en paro los sistemas de educación y de salud, y desde entonces se registraron al menos 70 movilizaciones y acciones de protesta en todo el territorio nacional.
Recientemente, el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys) denunció que los centros asistenciales, sobre todo el Instituto Nacional Cardiopulmonar, y el de San Lorenzo, Valle (sur) están desabastecidos en un 80 por ciento.
Por su parte, la doctora Suyapa Figueroa denunció que al personal de Salud se le adeudan nueve meses de salarios, es decir, el mismo periodo desde que la presidenta Xiomara Castro tomó posesión de su cargo el 27 de enero de 2022.
«Desde el inicio del año hemos venido con estas situaciones en donde se ha pedido que se les otorguen los derechos que por ley le corresponden a los diferentes colegios profesionales de salud y como hemos visto no ha existido una respuesta», demandó la también diputada del PSH.
«Esta situación ha llegado al punto que hay personal sanitario que tiene nueve meses sin pago y a estas alturas del año ya debe haber pocas excusas que pudieran ser válidas para justificar la falta de pagos a los empleados», advirtió la galena.
Figueroa resaltó que la crisis en salud es una situación que ha «rebasado a los gobiernos» y denunció que hay personas, sin revelar quiénes, que «quieren justificar la privatización de los servicios de salud».
«Esta es una situación que rebasa gobiernos porque siempre estamos con el interés de quienes quieren justificar la privatización de los servicios de salud porque no le veo otra justificación», lamentó.
«Están queriendo hacer ver que el sistema público es incapaz de sostener el sistema sanitario y se debe demostrar que la salud debe ser pública y garantizada y al personal sanitario es obligación hacerles sus pagos», concluyó.
