Tegucigalpa, Honduras. — El sistema sanitario público de Honduras enfrenta una nueva jornada de parálisis y tensión. Este viernes, el Colegio Médico de Honduras (CMH) reactivó sus asambleas informativas a nivel nacional, una medida que ha derivado en la interrupción de servicios médicos y ha dejado a miles de pacientes en la incertidumbre.
Las movilizaciones cobraron fuerza en las principales ciudades: en San Pedro Sula, los galenos se concentraron frente al Hospital Mario Catarino Rivas, mientras que en la capital, la protesta partió desde la sede del CMH hacia puntos estratégicos.
El pliego de peticiones del gremio es amplio y urgente. Los médicos exigen el reintegro inmediato de los profesionales despedidos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes. Además, demandan un ajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una revisión técnica para el año 2026.
Una de sus propuestas más ambiciosas es que el Presupuesto Nacional asigne un 12 por ciento a la salud pública, buscando no solo mejorar sus condiciones laborales, sino también garantizar la operatividad de los centros asistenciales.
Sin embargo, la visión desde el Gobierno es radicalmente opuesta. La Secretaría de Salud ha reiterado que no se trata de una campaña de despidos arbitrarios, sino de un proceso necesario para corregir lo que califican como un «modelo caótico».
Según las autoridades, se están revisando «nombramientos irregulares de dedo» y contratos que carecen de respaldo presupuestario, heredados de la administración anterior. El objetivo, insisten, es ordenar el sistema y asegurar que cada plaza se mantenga bajo un marco legal adecuado.
La crisis se profundiza en medio de este choque de posturas. Mientras el CMH aboga por la centralización de las redes de salud para unificar la gestión y proteger los derechos de los trabajadores de instituciones como el IHSS, el Ministerio Público y el Sistema 911, la población es la que sufre las consecuencias directas de la falta de atención.
En este escenario, el desafío para ambas partes es encontrar un punto de equilibrio que permita sanear la administración sanitaria sin sacrificar el derecho fundamental de los hondureños a recibir asistencia médica oportuna.
