Tegucigalpa, Honduras. – El coordinador nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, se solidarizó con la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona tras conocerse las órdenes de captura en su contra, calificando la medida como «desproporcionada» y ofreciendo la secretaría legal del partido para acompañar su defensa en el caso del escándalo de Sedesol conocido como «Checazo».
A través de su cuenta de red social «X», el exmandatario hondureño posteó que a ambas figuras se les debe respetar sus derechos constitucionales, el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales que según Zelaya están siendo violentados mediante la orden de captura inmediata dictada por la Corte Suprema de Justicia.
Zelaya comunicó que pone a disposición de ambos la secretaría legal de Libre para acompañar y demostrar la «verdad de los hechos», así como la legítima defensa que les asiste conforme a la ley, evidenciando respaldo institucional del partido pese a que Cuéllar supuestamente había sido «vetada» y suspendida de todos los cargos según comunicado de la asamblea partidaria que nunca se materializó.
El coordinador de Libre indicó que tanto Cuéllar como Cardona tienen arraigo, señalando que la «acción de sorpresa» y la orden de captura es «desproporcionada» considerando que ambos imputados cuentan con residencia fija, actividades económicas establecidas y no representan riesgo de fuga que justifique medida tan severa como detención preventiva inmediata.
Este lunes se conoció que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra la diputada, el exministro de Desarrollo Social (Sedesol) y 10 personas más por la comisión de 67 delitos de fraude derivados del desvío de más de 6 millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria destinados a Copán durante el período 2023-2025.
El Fiscal General Johel Zelaya confirmó un «mecanismo de corrupción» de fondos de ayudas sociales para fines políticos de Libre, revelando que ninguna de las 67 personas beneficiadas reunía condiciones para acceder a este tipo de ayuda social, mientras la investigación identificó que asistentes de Cuéllar trasladaban a beneficiarios falsos a bancos para cambiar cheques.
El caso del «cheque video» se basa en la revelación de un audio entre la diputada Cuéllar y Cardona donde ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libre en Copán, evidencia que provocó que «rodara la cabeza» de Cardona como titular de Sedesol.
En el material audiovisual, la congresista explica detalladamente cómo destinó los fondos: «A las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido», documentando el esquema de corrupción.
La solidaridad de Zelaya con los imputados contrasta con el comunicado de la asamblea partidaria de Libre que supuestamente suspendió a Cuéllar de todos los cargos y la vetó como candidata a reelegirse, aunque posteriormente fue favorecida con el voto y juramentada el 25 de enero como legisladora del período 2026-2030 sin que el partido ejecutara las sanciones anunciadas.
El ofrecimiento de la secretaría legal de Libre para defensa de Cuéllar y Cardona evidencia que el partido mantiene respaldo institucional a ambos imputados pese a la existencia de evidencia audiovisual donde ellos mismos explican el desvío de fondos públicos hacia actividades político-partidarias prohibidas por ley.
La calificación de la orden de captura como «desproporcionada» genera debate sobre si efectivamente constituye exceso judicial considerando que existe evidencia documentada del delito, o si Zelaya tiene razón al señalar que imputados con arraigo deberían comparecer voluntariamente sin necesidad de detención preventiva que se reserva para casos con riesgo de fuga.
El exministro Cardona declaró públicamente su inocencia afirmando que intentó declarar voluntariamente en tres ocasiones sin respuesta del MP, mientras la diputada Cuéllar abandonó apresuradamente el hemiciclo del Congreso tras conocer la orden de captura, evidenciando actitudes divergentes entre los coinculpados frente al proceso judicial.
El respaldo de Zelaya a los imputados se produce en un contexto donde el partido Libre enfrenta crisis interna tras la derrota electoral de noviembre 2025, con acusaciones cruzadas entre dirigentes sobre responsabilidades en la pérdida del poder, generando interrogantes sobre si la solidaridad responde a convicciones sobre inocencia o a necesidad de mantener cohesión partidaria.
La presunción de inocencia que Zelaya demanda es efectivamente un derecho constitucional que asiste a cualquier imputado hasta sentencia firme, aunque la existencia de evidencia audiovisual donde los propios acusados explican el esquema de corrupción genera opinión pública adversa que cuestiona credibilidad de proclamas de inocencia.
