Tegucigalpa – La Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, junto con los magistrados de la Sala Penal, Walter Raúl Miranda Sabio y Mario Díaz, estuvieron presentes este viernes en la reunión de trabajo de la Mesa Técnica de Desinternamiento de Privados de Libertad.
Esta mesa, que fue establecida hace algunos días, cuenta con la participación de diversas instituciones del Estado relacionadas con esta problemática, con el objetivo de abordar de manera urgente la necesidad de descongestionar la población carcelaria.
En este sentido, la coordinación de los Juzgados de Ejecución enviará un oficio a la Dirección de Medicina Forense para que se realicen los dictámenes médicos pendientes en los expedientes de las personas que se encuentren en situación de enfermedad grave o enfermedad terminal.
Esta acción contará con el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), con el fin de garantizar un seguimiento cercano.
Además, se implementarán otras medidas, como la firma de un convenio entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Defensa Pública, para integrar a los trabajadores sociales de esta última en los comités técnicos interdisciplinarios y avanzar en la emisión de dictámenes de preliberación, en aquellos casos en los que sea aplicable este beneficio.
Asimismo, se llevará a cabo una revisión de las solicitudes de audiencias pendientes que se encuentren en el Juzgado de Ejecución. Para ello, se ha preparado un informe condensado por parte de esta unidad jurisdiccional.
Como medida inmediata, la Unidad de Auditoría Penitenciaria del Poder Judicial y la Defensa Pública proporcionarán a la Sala Penal un listado de expedientes que requieren actualización, en términos de certificación de sentencia, cómputo de penas o aquellos casos en los que la prisión preventiva pueda haber vencido.
Estas acciones buscan agilizar y facilitar el proceso de desinternamiento de privados de libertad, a través de la colaboración entre diversas entidades y la implementación de medidas concretas.
El objetivo es reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios y brindar una atención adecuada a las personas que se encuentran en situaciones de enfermedad grave o terminal, así como evaluar los casos que pueden ser beneficiados con medidas de preliberación.
