Tegucigalpa, Honduras – El diputado y exministro de Finanzas, Marco Midence, advirtió que el actual gobierno pretende «dejar vacías las cuentas del Estado» tras emitir el decreto PCM 38-2025, criticando la falta de transparencia en el manejo fiscal durante la transición gubernamental.
El congresista nacionalista criticó que la transición en materia fiscal no sea ordenada al publicar este decreto en el diario La Gaceta a un mes de que asuma el gobierno de Nasry Asfura, cuestionando el momento estratégico de la medida.
«Con el PCM se opera bajo la normativa de la regulación, no podemos permitir esa opacidad y falta de transparencia, no sabemos cuáles son las modificaciones presupuestarias y esos saldos que se están llevando para pagar esas obligaciones», declaró el congresista nacionalista, expresando preocupación por la falta de claridad en el destino de los recursos.
Midence exigió que a partir del 1 de enero de 2026 se solicite una auditoría para determinar dónde se están destinando los recursos que serán consolidados bajo este decreto, estableciendo la necesidad de rendición de cuentas sobre el manejo de fondos públicos.
Contenido del Decreto PCM 38-2025
El decreto PCM 38-2025 establece que la Secretaría de Finanzas debe reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen las instituciones públicas, con el fin declarado de cubrir obligaciones urgentes del Estado.
El decreto, publicado en La Gaceta, autoriza a Finanzas a «vaciar» cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos en obligaciones legales, contractuales o devengadas, consolidando así la liquidez bajo control central del Ejecutivo.
Preocupaciones sobre Transparencia
La medida genera inquietudes sobre la transparencia fiscal durante el período de transición, especialmente considerando que la consolidación de recursos en la CUT otorga al Ejecutivo saliente mayor control sobre la liquidez estatal en sus últimas semanas de gestión.
El timing del decreto, emitido a pocas semanas del cambio de gobierno, plantea interrogantes sobre las intenciones detrás de la consolidación de fondos y si esta medida podría comprometer la capacidad fiscal de la administración entrante para ejecutar sus propias políticas públicas.
La denuncia de Midence refleja las tensiones políticas en torno al manejo de recursos públicos durante los períodos de transición gubernamental, donde la rendición de cuentas y la transparencia se convierten en elementos cruciales para mantener la confianza institucional.
La exigencia de auditoría planteada por el exministro busca establecer mecanismos de control que permitan verificar el uso adecuado de los recursos consolidados y garantizar que la transición fiscal se realice de manera ordenada y transparente.
