Tegucigalpa – Los migrantes que se encuentran en tránsito por Honduras han hecho un llamado a las autoridades del país para que aprueben una nueva extensión a la Amnistía Migratoria, la cual vence en la medianoche de este miércoles.
Una familia de migrantes cubanos expresó su preocupación, ya que no tienen los recursos para pagar una multa de 236 dólares, que equivalen a aproximadamente 5,789 lempiras.
Esta suma es la que los migrantes en tránsito deberán pagar a partir de mañana si el Congreso Nacional no aprueba una nueva extensión a la Amnistía Migratoria.
Estos migrantes solicitan ayuda a las autoridades, dejando en claro que no tienen la intención de quedarse en Honduras. Sin embargo, la falta de recursos les impide avanzar en su camino, lo que provoca aglomeraciones en los albergues.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha informado que, hasta la fecha, más de 100,000 personas han ingresado de manera irregular al país en lo que va del 2023, en su trayecto hacia el norte del continente.
Médicos Sin Fronteras (MSF) señala que la mayoría de estos migrantes llegan a esta etapa de la ruta con múltiples necesidades médicas y humanitarias, las cuales podrían agravarse en caso de que se restablezca la multa contemplada para aquellos que ingresen al territorio hondureño sin los documentos en regla.
Ante esta situación, MSF insta a las autoridades gubernamentales a ampliar la amnistía para evitar dicho cobro.
En junio de 2022, debido al gran flujo migratorio en la frontera oriental, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la amnistía con el objetivo de evitar el cobro de multas a quienes ingresaran de manera irregular al país. Sin embargo, esta medida tenía una vigencia de un año y está programada para vencer el próximo 1 de junio.
Christoph Jankhöfer, coordinador del proyecto de MSF en Tegucigalpa, advierte sobre las consecuencias de la multa, especialmente para aquellos con menos recursos económicos, ya que deben elegir entre cubrir sus necesidades básicas o pagar la multa migratoria.
La falta de extensión de esta medida podría llevar a las personas a buscar rutas menos transitadas, lo que aumentaría el riesgo de ser víctimas de extorsiones, estafas y asaltos. Además, limitaría su acceso a servicios médico-humanitarios ubicados en las inmediaciones del INM o en rutas oficiales.
Esperemos que las autoridades tomen en consideración las necesidades y dificultades de estos migrantes en tránsito y tomen medidas para garantizar su seguridad, bienestar y respeto a sus derechos humanos.
