Tan cerca y tan lejos. Esa es la situación en la que se encuentran actualmente muchos migrantes que se concentran en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos.
Por DW
Una de estas personas, que no quiere ser citada por su nombre por motivos de su seguridad, relata a DW que unos criminales querían secuestrarla a ella y a su hija. Por esa razón abandonó su hogar, en el sur de México.
DW se reunió con ella en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, en Estados Unidos. «No tenemos salida, porque aquí no podemos decir que empezamos de nuevo. Seguimos aquí, en México, y las bandas son poderosas, están por todas partes».
Al otro lado del Río Grande y, por tanto, en Estados Unidos, se encuentra El Paso, una ciudad de 680.000 habitantes. Es la ciudad natal de Aimée Santillán, que trabaja en política migratoria estadounidense para la organización católica «Hope».
«En el pasado ya hubo restricciones muy fuertes, y las cifras de migración no han cambiado», afirma Santillán en entrevista con DW. «Si la gente no se siente segura en sus países, viene, así que la cosa no cambia mucho si las normas son restrictivas o justas».
Trump ha cerrado una vía legal de entrada a EE.UU.
Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca esta semana, ha hecho de la seguridad fronteriza una de las principales prioridades al inicio de su segundo mandato: ha declarado el estado de emergencia en la frontera sur y ya ha dado los primeros pasos para desplegar al ejército y realizar deportaciones masivas. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó una ley para facilitar las detenciones y deportaciones.
Trump heredó de su predecesor, Joe Biden , un régimen fronterizo comparativamente duro, el más estricto de cualquier presidente demócrata: Biden promulgó nuevas normas en junio de 2024 que, entre otras cosas, estipulaban que no se concederá asilo a las personas que crucen la frontera ilegalmente.
Poco antes de tomar posesión, el Departamento de Interior anunció que esas medidas habían conseguido reducir un 60 por ciento los cruces ilegales de la frontera. Al mismo tiempo, la administración Biden creó una opción legal: la aplicación «CBP One», por medio de la cual se asignaban citas para pedir asilo. Donald Trump desactivó la aplicación inmediatamente después de asumir el cargo.
Aimée Santillán, de la organización Hope, no estaba del todo satisfecha con la aplicación, pero al menos garantizaba un proceso ordenado en la frontera. «Fue realmente chocante ver cómo se desconectó y cómo personas que llevaban meses esperando en Méxicoz, de repente ya no tenían cita. La gente se siente muy insegura. Ya no hay forma de solicitar asilo ni de pedir ningún tipo de ayuda al otro lado de la frontera», afirma Santillán.
Las nuevas normas de Trump van mucho más allá del cierre de la aplicación. En su orden ejecutiva emitida el lunes, el presidente republicano ordena al Departamento de Defensa y al Departamento del Interior, entre otros, que cooperen con los gobernadores que quieran construir tramos adicionales de muro en la frontera con México. El estado de emergencia declarado por el presidente permite acceder a los fondos sin necesidad de aprobación previa del Congreso.
El punto central del decreto se titula «Despliegue de personal y recursos». En él, Trump da instrucciones al Departamento de Defensa para que envíe el número adecuado de fuerzas armadas y equipamiento a la frontera sur. Es importante subrayar aquí que, de momento, se trata de apoyar a los agentes fronterizos civiles, no de un despliegue bajo mando militar.
A diferencia de la Guardia Nacional, el ejército regular no puede desplegarse sin más en el país. Esto está prohibido por la ley Posse Comitatus , de 1878, aunque esta ley federal tiene una excepción explícita: la llamada Ley de Insurrección, de 1807. Su objetivo original era permitir al presidente sofocar insurrecciones con la ayuda del ejército. En respuesta al huracán Katrina en 2005, fue ampliada bajo el mandato de George Bush para incluir la ayuda del ejército en caso de catástrofes naturales.
En su decreto, Trump exige explícitamente una declaración de los ministros de Defensa e Interior al cabo de 90 días sobre si la situación en la frontera requiere el uso de la Ley de Insurrección.
En caso afirmativo, Trump podría iniciar una misión militar de mayor alcance, por ejemplo, para deportaciones a gran escala de personas sin permiso de residencia válido. Sin embargo, es de prever que cualquier medida de este tipo por parte de la administración Trump acabe en los tribunales.
Esta semana, por ejemplo, más de 20 estados ya han presentado demandas contra el decreto de Trump según el cual a los bebés nacidos en EE.UU. sólo se les debe conceder la ciudadanía estadounidense si sus padres cumplen determinados requisitos de residencia.
A pesar de su determinación, Aimée Santillán no cree que Trump pueda cumplir sus objetivos: «Trump quiere que la gente deje de venir y que la inmigración se paralice. Pero eso no va a ocurrir».
