Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció que el Gobierno de Honduras ha pagado un total de 11,872.3 millones de lempiras por demandas judiciales entre 2019 y 2024, cifra que refleja una gestión ineficiente de los fondos públicos, que bien podrían haberse destinado a sectores críticos como salud, educación y seguridad.
La ASJ destacó que este gasto en litigios equivale a múltiples veces los presupuestos asignados a construcciones escolares, operaciones policiales y construcción de hospitales. Transparencia Internacional señala un incremento preocupante en las demandas contra el Estado, pasando de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023.
Un 65% de estas demandas corresponden a despidos injustificados y malas prácticas laborales, un 30% a procesos contencioso-administrativos y un 4% a demandas civiles.
El 82% del gasto judicial reciente se concentró en siete instituciones estatales, lideradas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que solo en demandas salariales ha desembolsado cifras millonarias.
El análisis revela serias irregularidades en los procedimientos judiciales, incluyendo la localización de las demandas y la legitimidad de quienes las interponen.
Estas prácticas han suscitado acciones legales por parte de la Procuraduría General de la República y la ENEE para recuperar los fondos pagados indebidamente.
La ASJ, mediante su centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), ha anunciado que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para investigar estas acciones y combatir la corrupción sistémica que afecta las finanzas nacionales.
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