Trujillo, Colón.— Más de mil hectáreas de terreno y al menos 60 residencias o propiedades privadas —pertenecientes a inversionistas nacionales y extranjeros— permanecen ocupadas ilegalmente en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, por miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
– A pesar de denuncias, investigaciones y pruebas documentales que desmienten reclamos ancestrales, las autoridades no han logrado restablecer la seguridad jurídica, generando una crisis de confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.
Las invasiones afectan proyectos turísticos e inmobiliarios de alto impacto como Eco-Beach Resort, NJOI Trujillo, Santa Fe, Moraya, Banana Beach Resort, así como emprendimientos vinculados a Beyebu Investments, RE/MAX y Caravida, todos suspendidos desde hace meses debido a la inseguridad jurídica y el riesgo a la inversión.
Según estimaciones económicas, los activos invadidos —desarrollos mayormente extranjeros— tienen un valor superior a los 50 millones de dólares (equivalentes a 1,340 millones de lempiras). Pero el daño trasciende lo material: la paralización del turismo y la inversión futura en la región podría generar pérdidas similares en los próximos años si no se restablece el Estado de derecho.
En cada propiedad ocupada, onde ondean simultáneamente la bandera de Honduras y la de OFRANEH, los invasores se acreditan como legítimos ocupantes, pese a que documentos históricos y legales contradicen sus reclamos.
El Ministerio Público (MP) posee copias de la concesión de tierras de 1902, que demuestran que las áreas invadidas no forman parte de tierras ancestrales garífunas. Además, gran parte de las ocupaciones ocurre en el municipio de Santa Fe, donde no existen reclamos históricos de tierras por parte de comunidades garífunas.
Aunque la Policía Nacional y el MP han realizado inspecciones y promovido investigaciones tras las denuncias de los propietarios, los resultados han sido frustrantes.
En al menos un caso, agentes policiales “aconsejaron a los propietarios abandonar sus propiedades”, según testimonios recogidos. En otro, se presentaron cargos contra invasores, pero fueron liberados por tribunales, pese a que durante una confrontación se incautaron vehículos y drogas (marihuana y cocaína).
Hasta la fecha, la mayoría de las denuncias presentadas ante el MP no han avanzado, a pesar de contar con pruebas documentales, testimoniales y periciales. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido reuniones con representantes de OFRANEH, actuando como mediadora y representante legal del gobierno de Xiomara Castro, quien ha prometido cumplir con los derechos territoriales garífunas desde Tela hasta Trujillo.
Sin embargo, críticos señalan que estas promesas no pueden justificar la ocupación ilegal de propiedades privadas, especialmente cuando el Instituto Nacional Agrario (INA) se niega a inspeccionar las tierras invadidas, pese a existir decretos legales como el 90-90, que garantizan incentivos a la inversión turística y protección jurídica a los inversionistas.
Ante la indiferencia institucional, los afectados han formado una asociación de propietarios para reclamar colectivamente sus derechos, exigir compensación por daños y ventas perdidas, y explorar acciones legales nacionales e internacionales, incluyendo posibles demandas ante tribunales de arbitraje de inversión.
La situación ha generado una profunda incertidumbre entre la comunidad de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que ven en Trujillo —una vez considerada una zona prioritaria para el desarrollo turístico— un ejemplo de cómo la inseguridad jurídica puede desmantelar años de confianza y progreso económico.
