Tegucigalpa– La credibilidad institucional del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional se encuentra bajo escrutinio después de que el analista Rafael Jerez cuestionara públicamente la forma en que estas instancias han manejado la información sobre la participación ciudadana en la histórica Caminata por la Paz y la Democracia convocada por las iglesias Católica y Evangélica.
La controversia se originó a partir de una publicación en redes sociales del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien reportó que la movilización había contado con “más de 40 mil ciudadanos que marcharon con fe y esperanza”, una cifra que diversos sectores consideran significativamente inferior a la realidad observada en las calles de los diferentes municipios donde se desarrolló la caminata.
En su mensaje, el titular de Seguridad destacó que hubo “cero incidencias en la Marcha por la Paz y la Democracia” y que la Policía Nacional había desplegado “más de 7 mil agentes en Tegucigalpa y otras ciudades de todo el país, 18 en total, garantizando seguridad, orden y prevención” durante la jornada.
Sin embargo, la cifra de participación proporcionada por las autoridades ha generado un intenso debate sobre la transparencia y veracidad de los datos oficiales. Jerez expresó su preocupación por las implicaciones que este tipo de minimizaciones pueden tener en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales.
“Este tipo de cosas no solo le resta credibilidad a la figura del ministro, se lleva de encuentro la credibilidad de una institución que contribuye en la producción de datos importantes para la gestión de políticas públicas”, señaló el analista, haciendo referencia específica a información crucial como “homicidios y accidentes de tránsito” que maneja regularmente la Policía Nacional.
La advertencia de Jerez pone el foco en una problemática que trasciende el evento específico de la caminata, ya que la Policía Nacional es una fuente primaria de información estadística para múltiples aspectos de la seguridad ciudadana y la gestión pública. La pérdida de credibilidad en sus reportes podría tener consecuencias significativas para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
El analista considera que al reportar únicamente 40 mil participantes, el ministro estaba deliberadamente minimizando la magnitud real de una movilización que se desarrolló simultáneamente en múltiples municipios del país y que fue descrita por observadores como histórica y multitudinaria.
Esta caracterización de la caminata como un evento de dimensiones históricas contrasta marcadamente con las cifras oficiales, lo que alimenta las dudas sobre la objetividad de las instituciones de seguridad en el manejo de información relacionada con manifestaciones ciudadanas de gran envergadura.
La controversia surge en un momento particularmente sensible para el país, donde la unión del pueblo hondureño en torno a los valores de paz y democracia había generado expectativas sobre la transparencia y honestidad de las instituciones públicas en su papel de informar verazmente sobre estos importantes ejercicios de participación ciudadana.
Las críticas de Jerez plantean interrogantes fundamentales sobre si las instituciones de seguridad están priorizando consideraciones políticas por encima de su responsabilidad de proporcionar información precisa y confiable al público, un aspecto esencial para el funcionamiento democrático y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
