Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra varios exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo al excanciller Lisandro Rosales y otros implicados en un fraude de más de 63 millones de lempiras.
La acusación se centra en la compra de ventiladores mecánicos defectuosos destinados a pacientes de COVID-19 que nunca fueron operativos.
Los exfuncionarios acusados, entre ellos Gabriel Alfredo Rubi Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), y Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York, enfrentan cargos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Según el MP, estos exfuncionarios manipularon el proceso de adquisición y realizaron transferencias bancarias sin la documentación adecuada, en un contexto donde la rapidez y la transparencia eran cruciales.
El MP destacó en un comunicado la gravedad del impacto de la corrupción en medio de una emergencia sanitaria global, subrayando cómo la negligencia y la codicia exacerbó la tragedia humanitaria en Honduras. Mientras los pacientes sufrían y morían sin el soporte necesario, se alega que los acusados se enriquecían ilícitamente.
La acusación pone de relieve no solo el supuesto delito, sino también el profundo dolor social causado por la corrupción, remarcando que los ventiladores inutilizados aún permanecen en almacenamiento, simbolizando la traición a la confianza pública y la urgencia de la crisis que enfrentaba el país.
Este caso resalta la continua lucha de Honduras contra la corrupción en sus instituciones gubernamentales y su impacto directo en la vida de los ciudadanos, mientras el país sigue buscando justicia y reformas estructurales para evitar futuras malversaciones.
