Tegucigalpa, Honduras. – La liberación del exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez Castro, no quedará sin respuesta. El Ministerio Público (MP) reaccionó este martes con una declaración que va más allá de apelar la decisión judicial: el portavoz institucional, Yuri Mora, anunció que la institución investigará al juez que otorgó el cambio de medidas y advirtió que, de ser necesario, se presentará un requerimiento fiscal contra servidores del sector justicia, en lo que sería un paso sin precedentes recientes en Honduras.
Mora no ocultó la postura del MP ante la resolución del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción: la decisión causa «extrañeza», considerando que a Velásquez se le atribuyen delitos de carácter grave como lavado de activos, asociación para delinquir, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego, cargos que a juicio de la institución justifican plenamente el mantenimiento de la prisión preventiva. «El señor Iván Velásquez aún guarda prisión y el Ministerio Público considera que debe continuar bajo esta medida, dada la gravedad de los delitos imputados», enfatizó el portavoz, aclarando que la libertad del imputado no es inmediata mientras la fiscalía interpone los recursos correspondientes.
Uno de los argumentos más contundentes del MP apunta a la desproporcionalidad de la caución impuesta: el ente acusador estima que la garantía presentada por la defensa de Velásquez no es proporcional al daño económico causado, el cual supera los 125 millones de lempiras en el marco del caso Koriun, que afecta a más de 35 mil personas que perdieron sus ahorros en el que se considera uno de los mayores escándalos de estafa financiera en la historia reciente del país.
Pero la parte más explosiva del pronunciamiento del MP fue la que apunta directamente al juez Francisco Josué Álvarez, magistrado que emitió la resolución.
La institución anunció que iniciará investigaciones contra el funcionario judicial, no solo por el caso Koriun, sino por al menos otros tres procesos en los que también habría concedido medidas sustitutivas en casos relacionados con trata de personas, lavado de activos y narcotráfico, un patrón que el Ministerio Público considera preocupante y que merece una revisión formal.
La declaración del MP llega en un contexto de máxima sensibilidad institucional, apenas días después de que el Congreso Nacional destituyera al exfiscal Johel Zelaya precisamente por señalamientos de justicia selectiva y manejo irregular de expedientes, y el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, cuestionara públicamente la calidad de los nombramientos judiciales de la administración anterior.
La investigación al juez Álvarez abre así un nuevo frente en el proceso de rendición de cuentas que Honduras vive en estos días, esta vez apuntando no a funcionarios electos sino a operadores del sistema de justicia que, según el Ministerio Público, podrían estar favoreciendo con sus resoluciones a imputados en casos de alto impacto nacional.
