Tegucigalpa – El Ministerio Público intensificó las investigaciones por el escándalo del “cheque video” con el allanamiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde fiscales y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron órdenes de inspección y secuestro de documentos relacionados con el presunto desvío de fondos públicos para actividades políticas.
La operación judicial se enmarca en las investigaciones contra el exministro de Desarrollo Social José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar, quienes protagonizaron una comprometedora conversación que fue filtrada en video y evidenció el presunto uso irregular de recursos estatales para financiar la campaña política del partido Libre en el departamento de Copán.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que las acciones emprendidas por el ente investigador buscan “verificar los recursos otorgados por Sedesol para ayudas a la población solicitante”. Los fiscales y agentes de la ATIC se enfocaron en examinar la documentación que permita establecer la forma en que se otorgaron los recursos públicos y determinar si fueron desviados para fines político-electorales.
El escándalo se desató tras la divulgación de una grabación donde Cardona y Cuéllar, quien también ejerce como vicepresidenta del Congreso Nacional, discutían sobre millonarios fondos destinados presuntamente para actividades políticas del gobernante Partido Libre en el occidental departamento de Copán. La gravedad de las revelaciones obligó a Cardona a cesar en su cargo el viernes pasado.
Como parte de la investigación, un grupo de agentes se trasladó simultáneamente al departamento de Copán para realizar inspecciones de campo y constatar cada una de las donaciones que habrían otorgado los investigados. Esta verificación territorial busca corroborar si los recursos destinados oficialmente para programas sociales fueron efectivamente entregados a los beneficiarios o si, por el contrario, fueron desviados para otros propósitos.
La operación representa un paso significativo en las investigaciones por presunta corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno y evidencia la determinación del Ministerio Público de esclarecer el destino de los fondos públicos administrados por Sedesol.
