Tegucigalpa – Las autoridades del Ministerio Público han llevado a cabo un allanamiento de domicilio en la residencial Santa Cruz de la capital durante el día de hoy, como parte de una acción destinada a asegurar la vivienda, un vehículo y productos financieros relacionados con el ex policía Mauricio Hernández Pineda, su familia y otros individuos.
Este operativo se enmarca dentro de las investigaciones en curso tras la declaración de culpabilidad del ex alto oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, el pasado 2 de febrero, por delitos relacionados con el narcotráfico.
La Operación «El Primo», realizada el 4 de marzo, comprendió cuatro allanamientos en domicilios de Cortés y Copán, con medidas de aseguramiento inicialmente sobre 37 bienes considerados de origen ilícito.
Los bienes sujetos a esta acción incluyen ocho inmuebles, dos vehículos y 27 productos financieros a nombre del ex policía. Durante el operativo, se amplió la medida de privación de dominio a dos terrenos y dos vehículos adicionales.
La conducción de estas diligencias recae en la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de la FESCCO, en coordinación con agentes contra el crimen organizado de la ATIC.
Las inspecciones realizadas en municipios como Choloma, Puerto Cortés, Omoa y Santa Rosa de Copán han revelado nuevos bienes vinculados al ex alto mando policial y su círculo cercano.
Según las investigaciones, el ex oficial incrementó su patrimonio de manera injustificada a través de actividades criminales, adquiriendo múltiples propiedades e incrementando su riqueza de manera significativa.
El gobierno de los Estados Unidos acusó a Hernández Pineda en septiembre de 2019 por cargos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos, brindar seguridad armada para envíos de droga y recibir ganancias derivadas del tráfico de drogas.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar trabajando en líneas de investigación previas al juicio del ex presidente Juan Orlando Hernández, así como de emprender nuevas diligencias para esclarecer los hechos y ejercer las acciones penales correspondientes contra los responsables, ante los tribunales de la República.