Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP) confirmó oficialmente que al menos 15 fiscales han abandonado la institución en los últimos cinco meses, una cifra que ha generado interrogantes sobre la estabilidad laboral y las condiciones internas del ente acusador del Estado bajo la gestión del fiscal general Johel Zelaya.
Yuri Mora, oficial de comunicaciones del MP, detalló que las salidas responden a diversos motivos. «Algunos de ellos cumplieron su edad de servicio, otros por mejores oportunidades en bufetes privados, en tanto varios decidieron dejar la institución por razones de salud», explicó el portavoz, quien caracterizó esta situación como parte de la dinámica habitual de la institución.
«Eso es algo normal dentro de la rotación normal de los 900 fiscales que existen aproximadamente en el Ministerio Público, eso sucede todos los años que los fiscales deciden por una u otra razón no estar dentro de la Fiscalía», manifestó Mora, intentando minimizar el impacto de estas salidas en el funcionamiento institucional.
El portavoz defendió la gestión administrativa de Zelaya, señalando que durante su mandato «únicamente se han despedido a tres empleados de los más de 3,000 que componen la planilla del MP». Mora especificó que uno de los despidos se produjo por faltas de respeto hacia el fiscal general, manifestadas a través de «insultos mediante publicaciones en plataformas digitales».
Sin embargo, versiones procedentes del interior del MP ofrecen una perspectiva diferente sobre las razones de las salidas. Según estas fuentes, varios de los renunciantes expresaron desacuerdo con la política institucional implementada por Zelaya, que incluye cambios de turnos, reasignaciones a oficinas regionales, modificación en las fechas de pago de salarios y falta de pago de viáticos.
Estas medidas administrativas son percibidas por algunos funcionarios como «un atropello a la carrera fiscal», según las versiones internas consultadas, lo que habría generado un ambiente de inconformidad que podría estar influyendo en las decisiones de abandono voluntario de la institución.
La situación adquiere particular relevancia considerando que el propio fiscal Zelaya ha denunciado públicamente que investiga la fuga de información desde el interior del MP sobre investigaciones y diligencias en casos emblemáticos que se ventilan en la institución. Esta investigación interna sugiere la existencia de tensiones y conflictos que podrían estar afectando el clima laboral institucional.
El contexto de estas salidas se produce en un momento donde el Ministerio Público enfrenta casos de alta sensibilidad pública, incluyendo investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y el reciente escándalo de Koriun Inversiones, que han puesto bajo escrutinio tanto la efectividad como la independencia del ente acusador.
La pérdida de fiscales experimentados podría tener implicaciones en la capacidad operativa del MP para atender la carga de casos, especialmente considerando que Honduras enfrenta altos índices de criminalidad y una demanda creciente de investigación y persecución penal efectiva.
Aunque Mora caracteriza estas salidas como parte de la rotación normal, la concentración de 15 renuncias en un período de cinco meses, equivalente al 1.6% del total de fiscales, podría indicar dinámicas internas que trascienden los patrones habituales de movilidad laboral en la institución.
La situación del Ministerio Público continuará siendo objeto de seguimiento, especialmente en un contexto donde la sociedad hondureña demanda mayor efectividad en la lucha contra la impunidad y la corrupción, objetivos que requieren estabilidad institucional y recursos humanos calificados y comprometidos.
