Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público tendrá que investigar a los responsables del presunto manejo irregular de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que evidenció beneficios directos a la diputada de Libre, Isis Cuéllar.
El caso, conocido como «Caso SEDESOL», surgió en junio de 2025 cuando se filtró un video donde la diputada coordinaba con el entonces ministro José Carlos Cardona la entrega de cheques por 100,000 lempiras. Cardona fue destituido del cargo pero no ha enfrentado acusaciones.
La auditoría del TSC confirmó indicios de responsabilidad penal y detectó que el Fondo de Administración Solidaria (FAS) no cumplió con su objetivo de creación. Los recursos destinados a obras sociales para comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua y cajas rurales fueron desviados hacia otros fines.
El organismo contralor verificó «una estrategia sistemática para la asignación de los recursos del fondo de administración solidaria destinada a beneficiar de manera indebida a personas vinculadas políticamente a Isis Cuéllar, candidatos o con lazos de parentesco con la diputada».
En mayo de 2023, el Congreso Nacional y la diputada Cuéllar solicitaron la asignación de 6.5 millones de lempiras. Se emitieron 67 cheques, aunque nueve beneficiarios renunciaron al cobro y devolvieron los fondos, quedando un monto final de 5,106,681 lempiras.
La investigación reveló que en el departamento de Copán intervinieron actores distintos a los establecidos en el artículo 293 del Presupuesto General 2023 y la normativa interna de Sedesol. Además, se detectaron entregas donde los beneficiarios no recibieron el monto completo, desviándose recursos hacia terceros como Ilsy Baquedano.
El TSC también encontró que se involucraron proveedores ubicados en ciudades lejanas a los beneficiados y que el reglamento del FAS (Acuerdo No. 083-A-SEDESOL-2023) nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La auditoría concluyó que la «ausencia de procedimientos efectivos de control» por parte del Secretario de Sedesol, la Gerencia Administrativa y los integrantes del Comité Técnico permitió «el uso discrecional de los recursos, sin criterios técnicos ni verificación, vulnera gravemente el principio de legalidad y expone al Estado a un uso arbitrario de fondos públicos».
