Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha presentado un contundente requerimiento fiscal que señala a cinco exdiputados del Congreso Nacional, tres de ellos que ocuparon sus cargos durante el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
La imputación recae sobre Carlos Roberto Guevara (exdiputado suplente 2010-2014), Fredy Espinoza Mondragón (exdiputado 2010-2014), Miguel Ángel Gámez (exdiputado 2006-2014), Sara Ismela Medina (exdiputada 2006-2014), Gladys Bernarda Casco (exdiputada 2006-2014) y José Rogelio Sánchez.
El requerimiento fiscal también incluye a dos individuos más que supuestamente colaboraron necesariamente en la comisión del delito de fraude, al confabularse con los congresistas para desviar más de 42 millones de lempiras (L. 42,500,000.00) de las arcas del Congreso Nacional a través de una organización no gubernamental llamada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Según la acusación presentada, los diputados aprovecharon sus funciones para realizar gestiones a través del Fondo de Desarrollo Departamental, destinado a proyectos sociales ejecutados por ONGs.
Sin embargo, una vez que los fondos eran desembolsados, estos eran transferidos injustificadamente a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, así como a otros parlamentarios y particulares que los utilizaban para fines distintos a los previamente destinados.
Las investigaciones también revelan la gestión irregular de subsidios otorgados a varios exparlamentarios, utilizando nuevamente el Fondo de Desarrollo Departamental. Estos fondos, supuestamente destinados a proyectos sociales y obras de desarrollo, nunca fueron presentados con el perfil necesario para su ejecución.
El origen y destino de los fondos se derivan de 82 transferencias realizadas desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta bancaria de la AJOPADIH durante un periodo de seis meses.
En este entramado de corrupción, se ha identificado a uno de los imputados como un cooperador necesario, quien autenticó su firma en las cuentas de la ONG, se autoacreditó 28 millones de lempiras y realizó depósitos en 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El resto del dinero fue transferido a terceros sin justificación alguna.
Con la acusación formalizada, el Ministerio Público espera la ejecución de las órdenes de captura correspondientes contra los siete imputados involucrados en esta trama de corrupción.
