Tegucigalpa, Honduras. — La puerta para revertir las acciones legales en su contra se cerró, al menos por ahora. El Ministerio Público (MP) declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, lo que permite que la investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones continúe su curso.
La resolución representa un revés para quienes buscaron frenar las actuaciones derivadas de una denuncia presentada por el propio Poder Legislativo. Según los indicios recabados, los miembros de dicha comisión habrían excedido las facultades conferidas por la Constitución de la República, abriendo la puerta a posibles responsabilidades penales y políticas.
Las pesquisas están a cargo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que analiza decisiones adoptadas por la Comisión Permanente. Entre los delitos bajo investigación figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
La posibilidad de que algunos de los actuales congresistas que integraron la Comisión Permanente enfrenten un juicio político cobra fuerza tras esta decisión. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, ya había señalado que los diputados que formaron parte de ese cuerpo «tienen méritos legales para someterse a un proceso de juicio político», al considerar que sus actuaciones habrían violentado disposiciones constitucionales.
Los citados por el Ministerio Público para rendir declaración incluyen a excongresistas que ya no forman parte del Legislativo: Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire. Pero la lista también alcanza a parlamentarios en ejercicio: Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Frente al rechazo del recurso, el diputado de Libre, Hugo Noé Pino, anunció que presentarán un recurso de apelación ante el fiscal general, Pablo Emilio Reyes. Argumentó que los miembros de la Excomisión Permanente se han puesto a disposición de las autoridades y cuestionó la falta de información sobre el contenido específico de las denuncias.
La Comisión Permanente, instalada durante el período legislativo encabezado por Luis Redondo, estuvo integrada por nueve diputados propietarios y cuatro suplentes. El hecho de que varios de sus integrantes continúen ejerciendo como congresistas mantiene abierto el debate sobre las eventuales consecuencias políticas y legales de las investigaciones.
Con el recurso de reposición descartado, el camino queda expedito para que el Ministerio Público profundice las diligencias. Mientras tanto, en el ámbito político crecen las voces que consideran viable la apertura de un juicio político contra quienes, habiendo formado parte de la cuestionada Comisión Permanente, siguen vigentes en el Congreso Nacional. La definición del caso, por ahora, depende de lo que arrojen las próximas actuaciones fiscales y de la capacidad del Legislativo para asumir las decisiones que le corresponden.
