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Ministerio Público recibe audio de expresidente instruyendo evitar recuento voto por voto

Fiscalía vincula grabación a "Noticia Crimini" electoral; especifica que involucra expresidente que gobernó en última década; Moncada había exigido acciones penales tras audios de Ochoa.

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Tegucigalpa, Honduras.— El Ministerio Público informó que «la Unidad contra Delitos Electorales recibió un audio vinculado a la Noticia Crimini del proceso electoral en el que presuntamente un expresidente da instrucciones para que no se realice el recuento de voto por voto», ampliando las investigaciones sobre presunta conspiración electoral.

«Sin ofrecer mayores detalles, el ente acusador del Estado especifica que se trata de un expresidente que gobernó a Honduras en la última década», proporcionando parámetros temporales que limitan significativamente el universo de posibles involucrados en las instrucciones para evitar el recuento electoral.

«A través del enunciado en su cuenta X, el MP afirma que se corrobora la información para ofrecer mayores detalles a la ciudadanía», estableciendo un proceso de verificación antes de proporcionar información adicional sobre el contenido específico de las grabaciones recibidas.

«La Unidad Contra Delitos Electorales recibió un audio vinculado a la Noticia Crimini del proceso electoral en el que presuntamente un expresidente que gobernó en la última década da instrucciones para que no se realice el recuento voto por voto. Se corrobora para informar al país», reza el posteo oficial de la Fiscalía hondureña.

«La semana pasada el MP a través de la unidad especializada contra delitos electorales difundió nuevos audios que supuestamente revelan conspiración para cometer fraude durante los comicios generales del pasado 30 de noviembre», estableciendo un patrón de revelaciones progresivas sobre presunta manipulación electoral.

«Asimismo, el 29 de octubre de este año el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación exhaustiva tras recibir grabaciones vinculadas a una denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, que presuntamente evidencian una asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas».

«Si esos audios no fueran reales, el Fiscal General no debería seguir en ese despacho, la verdad no hay que adornarla», señaló la semana pasada el fiscal Johel Zelaya, estableciendo su credibilidad profesional como garantía de autenticidad de las grabaciones investigadas.

«El fin de semana durante una asamblea de Libre, la candidata Rixi Moncada prácticamente le ordenó al Fiscal Johel Zelaya que actuara de una vez por todas sobre lo que revelan los audios que presentó Marlon Ochoa», evidenciando presión política directa sobre la investigación fiscal.

«Exigimos que el Ministerio Público ejerza acciones penales, ya basta, ya basta, las pruebas son más que suficientes y exigimos también que los jueces tomen medidas a las acciones que tome el Ministerio Público. El delito está en flagrancia, pero en este país no hay justicia», pronunció Moncada, demandando acciones inmediatas.

«Nos robaron una elección, pero el poder político lo seguimos manteniendo, y voy a repetir algo: este partido es poderoso. Yo estaré de frente, independientemente de los que votaron o no por la coacción y amenaza. Vamos a seguir haciendo las denuncias», manifestó la candidata oficialista.

La revelación del nuevo audio coincide estratégicamente con las demandas públicas de Moncada para acelerar las investigaciones, sugiriendo coordinación entre la narrativa política oficialista y el timing de las revelaciones fiscales sobre presunta conspiración electoral.

La especificación temporal de «expresidente que gobernó en la última década» proporciona parámetros que limitan significativamente las posibilidades, intensificando las especulaciones sobre la identidad del presunto involucrado en instrucciones contra el recuento electoral.

La progresión de revelaciones desde octubre, con audios de Ochoa sobre asociación ilícita, hasta las grabaciones actuales sobre instrucciones presidenciales, configura una narrativa de conspiración sistemática que legitima las demandas oficialistas de investigación exhaustiva.

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