Tegucigalpa.- La investigación del escándalo del «cheque video» de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) presenta avances significativos, según comunicó este miércoles el Ministerio Público, aunque el ente acusador advirtió que no presentará requerimientos fiscales «débiles» que puedan generar impunidad.
El equipo investigativo intensificó las pesquisas mediante la implementación de una auditoría forense relacionada con el expediente, mientras trabaja en una pericia de vinculación que permitirá establecer conexiones entre los involucrados y los movimientos financieros irregulares.
La investigación se ha extendido hacia otras personas, según informó el Ministerio Público, confirmando que se ha solicitado información financiera a estos nuevos sujetos de interés para completar el panorama del caso.
Como parte del proceso investigativo, el ente acusador está revisando el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para identificar hallazgos que puedan aportar elementos probatorios adicionales al caso.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de no presentar requerimientos fiscales «débiles» ni documentos que carezcan del sustento probatorio necesario, advirtiendo que esta práctica «solo generaría impunidad para los involucrados».
«Los fiscales, peritos y agentes asignados realizan labores técnicas y coordinadas para reunir los elementos probatorios que permitan sustentar los hechos ante los tribunales competentes», explicó el organismo en su pronunciamiento oficial.
El escándalo se originó por el presunto uso de fondos estatales de Sedesol para financiar la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante las elecciones primarias en el departamento de Copán.
El caso se destapó públicamente cuando se filtró un video de una conversación telefónica entre la diputada Isis Cuellar y el entonces ministro José Carlos Cardona, revelando las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas: Cardona fue destituido de su cargo como ministro de Sedesol, mientras que Cuellar fue suspendida de sus responsabilidades dentro del partido Libre, aunque mantiene sus aspiraciones de reelegirse como diputada por Copán en las próximas elecciones.
El Ministerio Público aseguró que todas las investigaciones se desarrollan con independencia, objetividad y sustento técnico, manteniendo los estándares profesionales necesarios para garantizar un proceso judicial sólido.
La solidez de la investigación será crucial para determinar las responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más mediáticos de la actual administración.
