Tegucigalpa. – El Ministerio Público, señaló este martes a través de un comunicado, que las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional, representan un retroceso en el combate a la criminalidad.
“En sesión del Congreso Nacional el pasado jueves 7 de octubre del presente año, se discutieron y aprobaron reformas a leyes penales que son de particular importancia e interés del Ministerio Público”, inició en el escrito.
En ese sentido, destacó que la reforma al artículo 439 del Código Penal, relacionada con el delito de lavado de activos representa un retroceso en el combate a la criminalidad organizada, específicamente, el tráfico de drogas delitos de corrupción y lavado de activos.
La adopción de un sistema de “numerus clausus” es decir un listado en la determinación de los delitos precedentes en el tipo penal de lavado de activos, limitará el ejercicio de la acción penal pública debido a que el Ministerio Público deberá acreditar que los bienes objeto del lavado provienen expresamente de algunos de los delitos señalados en esa lista, aunque la persona investigada no logre justificar el origen licito de los mismos.
Además, mencionó que es de su preocupación, las barreras que suponen las referidas reformas al desnaturalizar el proceso acusatorio ya que a su juicio supone volver al procedimiento inquisitivo al otorgarle al juzgador facultades de investigador.
Lo anterior porque para la práctica de diligencias investigativas por el delito de lavado de activos será necesario contar con la autorización judicial para que las instituciones financieras puedan brindar información a los fiscales del Ministerio Público sobre la persona investigada.
“El delito de lavado de activos por su naturaleza y en las economías globalizadas donde los capitales se mueven o transfieren con gran facilidad necesita de herramientas ágiles y oportunas para combatirlo de manera eficaz, razón por la cual, su abordaje requiere de un tratamiento especializado y diferente al que se sigue para la investigación de otros delitos”, ahondó.
Hizo hincapié en que, de entrar en vigencia las reformas arriba descritas, el Ministerio Público presentará los recursos respectivos, en fiel cumplimiento al mandato constitucional y legal de representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; así mismo, garantizar y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes.
