Tegucigalpa – La Secretaría de Defensa Nacional de Honduras ha defendido públicamente las compras directas como un método legal y esencial para la seguridad nacional, en respuesta a las críticas sobre el uso de este mecanismo bajo la administración de la actual ministra y precandidata presidencial, Rixi Moncada.
Según el comunicado oficial emitido el 27 de octubre de 2024, la autorización presidencial para compras directas, publicada en el acuerdo ejecutivo 190-2024 y en el Diario Oficial La Gaceta, está destinada a proyectos críticos como la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia, sistemas de radar, y la reparación de aeronaves, entre otros.
El documento explica que estas acciones están diseñadas para combatir eficazmente la narcoactividad y garantizar la soberanía del país, detallando que el plan fue aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Asegura que todas las compras se realizan con total transparencia y adherencia a las leyes nacionales e internacionales, buscando fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
En respuesta a las críticas, especialmente del presidenciable Jorge Cálix, quien tachó el acuerdo de «una carta abierta para robar», Moncada aseguró que todas las adquisiciones se realizarán bajo estrictos estándares de transparencia y legalidad, conforme a las leyes de Honduras.
La ministra Moncada ha resaltado que la compra directa permite una respuesta más rápida y eficaz en situaciones de emergencia nacional, y ha reiterado su compromiso con la integridad en la gestión de los recursos del Estado.
La controversia surge en un período de alta sensibilidad política, con las próximas elecciones internas del partido Libre, planteando preguntas sobre el uso de recursos del estado en la campaña electoral.
Moncada resalta que la implementación de estas compras es vital para la seguridad del país y cumple con el Plan de Solución Contra el Crimen aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El debate continúa mientras los ciudadanos y la oposición vigilan de cerca la evolución de esta política y sus implicaciones para la integridad electoral y la gobernabilidad del país.
