Tegucigalpa – “Puedo garantizarle al pueblo hondureño, y en eso yo empeño mi palabra de manera responsable, que los servicios de Salud y Educación no serán privatizados y seguirán siendo públicos, como lo establece la Constitución”.
Así de contundentes y firmes fueron las palabras de la ministra de Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Karla Cueva, durante una comparecencia de prensa realizada este jueves en Tegucigalpa junto a Martha Doblado, ministra de la Coordinación General de Gobierno.
La SEDH –agregó Cueva–, cada vez que un decreto o proyecto de ley es puesto a su consideración, analiza de manera profunda su coherencia y consistencia con la normativa vigente en el país.
Cueva también señaló que en el caso de afectar los derechos humanos, especialmente de las poblaciones en condición de vulnerabilidad o pobreza, también se hace un análisis de su pertinencia con los estándares de derechos humanos y los tratados que Honduras ha firmado.
Y agregó: “La aprobación de un decreto ejecutivo implica una alta responsabilidad para todo funcionario público, más cuando las acciones que se impulsan detrás de este implican un impacto en los derechos y en las vidas de las personas”.
En el caso de los decretos de Salud y Educación, la SEDH no encontró, en su análisis y valoraciones, evidencia o elementos que afecten o debiliten los derechos de la población más vulnerable, particularmente por la importancia y el impacto que para su desarrollo tienen la educación y la salud, obligatorias y gratuitas, tal como lo establece nuestra Constitución –prosiguió diciendo Cueva.
Cueva, además, recordó que como SEDH “Nos hemos pronunciado ya contundentemente en otros temas sensibles para la nación, y en este caso en particular tenemos el deber de advertir si con estos decretos se violentan o violentasen los derechos fundamentales de la población. Pero en este caso, no se violentan ni el derecho a la educación ni el derecho a la salud con estos decretos”.
