Tegucigalpa – La implementación de medidas sanitarias por parte del gobierno se convirtió en foco de controversia política después de que sectores religiosos y de oposición sugirieran que la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas busca desalentar la participación en las marchas convocadas por iglesias para el 16 de agosto.
La ministra de Salud, Carla Paredes, salió al paso de estas acusaciones calificándolas como «absurdas» y expresando su sorpresa porque «estas especulaciones estén circulando y más en gente que tiene algún grado de estudio», en una crítica directa a quienes cuestionan las motivaciones sanitarias de las medidas.
Paredes caracterizó los señalamientos de boicot como «temas políticos baratos y solo se trata de cinco minutos de fama que algunos buscan en el país», intentando despolitizar el debate y mantener el enfoque en criterios epidemiológicos.
La funcionaria adoptó una posición defensiva al recomendar a quienes planean asistir a las marchas llevar «gel de mano y usar mascarilla», insistiendo que desde la Secretaría de Salud «solo buscan que las personas que van a asistir a las marchas no regresen a sus casas contagiados».
Sin embargo, las suspicacias sobre las motivaciones gubernamentales se intensifican por el contexto político de las manifestaciones. Las iglesias evangélicas y católicas convocaron a una «marcha por la paz y la democracia» que ha generado tensiones con el oficialismo, el cual ha solicitado a funcionarios públicos abstenerse de participar por tratarse supuestamente de un «evento apolítico».
Paredes intentó blindar el debate solicitando que «solo los médicos, epidemiólogos y salubristas opinen sobre este tema, de lo contrario se convierten en temas políticos», buscando excluir voces críticas que no provengan del ámbito sanitario.
La ministra justificó las medidas como necesarias para «evitar el contagio de las personas mayores y los más vulnerables en la sociedad», defendiendo que «la mejor forma de cortar la cadena de contagio es con medidas preventivas como el uso de mascarilla o el teletrabajo».
La controversia refleja la desconfianza política que genera cualquier decisión gubernamental en contextos electorales, donde medidas aparentemente técnicas son interpretadas a través de lentes partidarios que cuestionan las verdaderas motivaciones detrás de políticas públicas que podrían afectar manifestaciones opositoras.
